Cargas policiales en un desahucio por una estafa en un piso de Alokabide

Un desahucio ha terminado este jueves con cargas policiales en Salburua. El Sindicato de Vivienda se había concentrado en el portal de una vivienda en la que una familia con un bebé iba a ser desahuciada. Una intervención que, tras momentos de tensión, ha terminado con cargas de Policía Local para alejar a las personas concentradas del portal de la vivienda.

Según explica el Sindicato de Vivienda, el piso desahuciado es propiedad de Alokabide. Sin embargo, las personas que se encontraban en el interior habían llegado a él abonando 2.000 euros, algo que resultó ser una estafa. Es decir, eran personas que habían pagado por un piso público a un particular. El desahucio se ha producido sin alternativa habitacional, algo que prohíbe la ley. Y es que el juzgado no había informado de este desahucio a Servicios Sociales, algo obligatorio por ley.

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— Gasteiz Hoy (@gasteizhoy) July 18, 2024

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"La familia, que tiene a su cargo un bebé, encontró la vivienda anunciada en una página web. Tras hacer un primer pago de 2000 euros, la familia supo que había sido estafada cuando recibieron la demanda de desahucio", relata el Sindicato de Vivienda. Es decir, pagaron 2.000 euros a un particular por entrar a un piso que, en realidad, era de Alokabide. El legítimo inquilino de esta vivienda no estaba pagando a Alokabide, y por eso se ha producido hoy el alzamiento judicial.

Sobre las 10:45, la comitiva judicial ha accedido a la vivienda por el garaje, ya que en el portal permanecían decenas de personas que se habían concentrado. El Sindicato de Vivienda recuerda que "la comitiva judicial tiene potestad de detener el lanzamiento en el mismo momento en el que va a ser ejecutado". Finalmente, a las 12:00 han expulsado a la familia y han sacado sus pertenencias de la casa.

Ante lo acontecido hoy, el Sindicato de Vivienda "denuncia el actuar de Alokabide que, siendo una institución pública y supuestamente social, inicia procesos de desahucio contra familias en situación de vulnerabilidad social y económica", explica el colectivo. "Por último, señalamos también como responsables de la situación a las personas que estafan a familias que se encuentran en situación de necesidad. Aprovechándose de las dificultades de acceso a la vivienda, los estafadores buscan su beneficio poniendo en situación de extrema vulnerabilidad a familias como esta".

El Sindicato de Vivienda también acusa a Alokabide de ir directamente por la vía judicial: "En los casos en los que las familias carecen de contrato (como en este caso, al haber sido víctimas de estafa), Alokabide recurre directamente a procedimientos judiciales, sin activar su protocolo interno".

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Sin información a Servicios Sociales

Tras el desahucio, la familia ha acudido este mediodía a un servicio social de base y el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento le ha apoyado en la búsqueda de alojamiento. En este momento ya disponen de uno, según informan fuentes municipales a Gasteiz Hoy.

Sin embargo, los Servicios Sociales confirman que no se les había remitido previamente desde el juzgado la fecha del lanzamiento, pese a que es obligatorio por ley. La Ley de Vivienda recoge, como explica el Sindicato de Vivienda, que "en situaciones como esta los Servicios Sociales deberían ser avisados automáticamente, para que valoren el estado de vulnerabilidad de las familias en proceso de desahucio y pueda así suspenderse el lanzamiento".

El desahucio de este jueves estaba previsto hace un mes, pero la mediación del Sindicato de Vivienda permitió aplazarlo. Denuncia Etxebizitza Sindikatua que en los últimos meses ha habido al menos otras cinco denuncias de personas estafadas, que se han visto forzadas al desahucio, además de perder el dinero.