Vitoria y Álava presentan una querella criminal por los asesinatos del 3 de marzo

20 octubre, 2016

Ambas instituciones llevan a los tribunales unos hechos que nunca fueron juzgados

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral de Álava y han presentado hoy en el Palacio de Justicia de la cuidad, y ante el Juzgado de Instrucción, una querella criminal por los sucesos acaecidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976.

Aquella jornada 5 trabajadores fueron asesinados durante una asamblea multitudinaria celebrada en la Iglesia de San Francisco de Zaramaga. La Policía abrió fuego contra los asistentes, trabajadores de diversas empresas alavesas.  Fue un ataque desproporcionado de las fuerzas de seguridad contra unos trabajadores que protestaban por las condiciones laborales y salariales de sus puestos de trabajo.
3marzo-no-olvidamos0Rodolfo Martín Villa y Manuel Fraga han sido acusados en numerosas ocasiones de ser los culpables de esta actuación policial. No hubo entonces (cuando Juan Carlos llevaba 4 meses en el trono) ningún juicio ni ninguna responsabilidad. Y ahora las instituciones quieren que los tribunales investiguen este hecho, considerado crimen contra la humanidad.

Las Juntas Generales y la Diputación Foral han presentado una querella conjunta, mientras que el Ayuntamiento lo ha hecho en su propio nombre. De esta forma, las tres instituciones dan cumplimiento a los acuerdos adoptados por sus respectivos plenos y consejo de diputados.

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó en sesión ordinaria el 18 de marzo de 2016 un texto en el que se acordaba “iniciar acciones judiciales en los tribunales del Estado español para esclarecer los hechos y a exigir las responsabilidades penales y de cualquier otro tipo que correspondan derivadas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista incluida la masacre del 3 de marzo de 1976”.

Las Juntas Generales de Álava, por su parte, aprobaron idéntico texto en su sesión plenaria del 27 de abril de 2016 (moción 34/2016), mientras que la Diputación Foral de Álava ratificaba la misma solicitud en el Consejo de Diputados del 7 de junio (acuerdo 346/2016).