A medio camino

| 21 marzo, 2011

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se reunieron por última vez el pasado cinco de mayo. En esa reunión acordaron acelerar las fusiones bancarias, y abrieron una puerta clara a la captación de capital privado. Entonces aseguraron que el objetivo era “profesionalizar” y promover la “independencia” de las entidades de ahorro. Apenas un año antes, […]

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se reunieron por última vez el pasado cinco de mayo. En esa reunión acordaron acelerar las fusiones bancarias, y abrieron una puerta clara a la captación de capital privado. Entonces aseguraron que el objetivo era “profesionalizar” y promover la “independencia” de las entidades de ahorro.

Apenas un año antes, el Gobierno había creado un fondo con el que financiar las fusiones entre cajas de Ahorros. Un fondo para el que el Estado (es decir, nosotros) tuvo que poner 6.250 millones (el resto se puso a través del Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, de los propios bancos.

Durante este tiempo ha sido necesario el rescate de dos entidades de ahorro, aunque la mayoría de las entidades ha optado por la fusión. Fusión real o la llamada fusión fría, mediante el Sistema Integral de Protección, que, en la práctica, consiste en compartir los riesgos y acudir juntos a los mercados. La fórmula del SIP no deja de ser, sin embargo, una fusión a medias, incompleta. Y eso no termina de gustar al Gobierno ni a los inversores.

En este caso, existe un sistema común de contabilidad, auditoría y comunicación, pero al mismo tiempo se mantiene la identidad jurídica de las entidades participantes. Propicia, en resumen, que se mantenga el apego sentimental con la región.

Más de dos años después de la puesta en marcha del FROB las dudas siguen presentes sobre las cajas de ahorros. Parte de la culpa la tiene el excesivo afán de la clase política (sobre todo la local, en cada ayuntamiento o Diputación) por mantener el poder económico.

El Gobierno ha lanzado un ultimátum a esos políticos y ha aumentado las exigencias de solvencia, adelantándose a los requerimientos de Basilea III. Y lo hace empujado por los mercados y por la gran banca. Amenaza ahora con quitar el “juguete” a quienes no busquen su supervivencia, ya sea mediante fusiones o con la entrada de inversores privados. Y para ello, asegura que dispondrá 20.000 millones de euros.

En todo este embrollo la Vital parece jugar de momento una posición cómoda. Salió bien parada en los primeros “stress test”, con un ratio de solvencia superior al 12%. Pero no conviene dormirse en los laureles. Hoy es la tercera caja más pequeña de España (Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa tienen menor tamaño) y en un mundo globalizado la competencia se antoja difícil en solitario.

Pero hay que saber qué pasos dar. Hace tres años las decisiones políticas y sentimentales primaron sobre las económicas. En aquel entonces se frustró una fusión real con BBK y Kutxa por la indecisión de PP y PSE. Hoy ya no se discute la fusión con la BBK.

Y en esta negociación hay que mirar también a la obra social. Hay quien apunta que una fusión o la entrada de capital privado propiciará la desaparición de la obra social, o reducirá su influencia en nuestro territorio. Pero el objetivo del Gobierno pasa por mantener la obra social de las entidades de ahorro, en forma de fundaciones, incluso en el caso de las futuras privatizaciones. Quien mantiene este argumento no debería olvidar que una negativa a la fusión puede conllevar la quiebra de la entidad y, en ese caso sí, la desaparición de la obra social.

Falta por ver si el nuevo aviso dado ayer por el Gobierno acaba siendo el paso final. Pero todo apunta a que sigue siendo un nuevo paso adelante. El objetivo final de las cajas pasa por su privatización. Aún así, no parece que en Álava vaya a ser por ahora el camino, ni siquiera con la emisión de cuotas participativas.


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