Los concejos analizan su futuro ante la nueva Ley
Los concejos de Álava, en peligro de desaparición por la nueva Ley de Reforma de la Administración, reunieron ayer a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento para debatir sobre su futuro. Desde el PP su senador Jorge Ibarrondo defendió que el proyecto de Ley no busca la alteración del actual modelo administrativo e […]
Los concejos de Álava, en peligro de desaparición por la nueva Ley de Reforma de la Administración, reunieron ayer a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento para debatir sobre su futuro. Desde el PP su senador Jorge Ibarrondo defendió que el proyecto de Ley no busca la alteración del actual modelo administrativo e institucional alavés, que cuenta con las necesarias y suficientes salvaguardas, sino que se trata de una iniciativa legislativa que tiene por único objetivo mejorar y optimizar la gestión de las diferentes administraciones locales buscando en todo caso una mayor eficiencia en la gestión de la cosa pública.
En el PSE, ante la ausencia de Ramón Jauregui, estuvo presente el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gijón. A juicio del primer partido de la oposición la ley es innecesaria para asegurar el ajuste económico tal como dicen sus impulsores, puesto que ya existe legislación suficiente al respecto. El hecho cierto es que introduce un modelo claramente privatizador y detrae del ámbito local competencias en varios campos y especialmente en lo que a las políticas sociales se refiere.
Desde el PNV Emilio Olabarria denunció que la ley, amparándose en presuntas ventajas económicas, y especialmente en el “mantra” de la estabilidad presupuestaria, aspira a la recentralización del Estado y supone de facto una merma
considerable de la autonomía estatutaria y municipal.
También Rafa Larreina denunciaba que la ley esconde la intención de llevar adelante un cambio de modelo en lo territorial, en lo institucional y en lo social. El problema económico al que se alude para justificar el proyecto de ley está en otro sitio y exige soluciones diferentes. A juicio de Larreina lo que realmente se pretende es dinamitar el estado de bienestar, eliminar las instancias institucionales más participativas y cercanas al ciudadano y reforzar la estructura centralista del estado.
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