Agencias de calificación, en el centro de la diana

| 2 noviembre, 2011

Las agencias de calificación de riesgos o agencias de rating han interpretado y están interpretando un papel protagonista en la actual crisis financiera. Hemos visto nombrarlas en infinidad de ocasiones desde bocas de muy diferentes ámbitos en más de una ocasión para poner en duda su labor. Más de uno se ha cuestionado el poder […]

Las agencias de calificación de riesgos o agencias de rating han interpretado y están interpretando un papel protagonista en la actual crisis financiera. Hemos visto nombrarlas en infinidad de ocasiones desde bocas de muy diferentes ámbitos en más de una ocasión para poner en duda su labor. Más de uno se ha cuestionado el poder que estas entidades han conseguido y por tanto, cuál es la responsabilidad que pueden tener en todo este desastre financiero. Pero, ¿cómo funcionan realmente y qué o quién les ha dado tanto poder?

Las agencias de calificación son empresas privadas que se dedican a valorar la calidad de los títulos financieros (es decir, les ponen una nota como en el colegio) en base al riesgo de impago que va desde AAA+, la mejor (es como si fuera un 10) hasta la D, la peor (como si fuera un 0). Podríamos decir, por tanto, que miden la solvencia que tienen el emisor, es decir, si van a ser capaces de devolver el dinero que los inversores les han prestado. No hay que olvidar que en definitiva, se trata de una opinión que dan estas compañías tras realizar un análisis de sus cuentas. Tres agencias de calificación dominan el sistema financiero internacional y todas son estadounidenses: Fitch, Moody´s y Standar&Poor´s.

En principio, estas empresas de calificación son necesarias porque de lo contrario, la tarea que realizan tendría que hacerlo cada inversor particular de una forma más costosa y lenta.

Es decir, cuando una empresa o un Estado necesita financiarse para desarrollar su actividad (por ejemplo, construir carreteras o comprar un edificio) puede acudir al mercado y emitir unos títulos financieros que se denominan bonos que comprarán los inversores. Como contrapartida, el Estado (o empresa) se compromete a devolver el total del valor del bono (llamado el nominal) más unos intereses. Esta remuneración extra será mayor cuanto más arriesgada sea la operación, es decir, cuantas menos posibilidades haya de que ese montante sea devuelto. La cuestión está, por tanto, en saber qué grado de riesgo tiene esa operación.

Una de las opciones sería que cada inversor hiciera una análisis exhaustivo de la situación económico-financiera de la empresa que ha emitido los bonos y valorar las posibilidades de devolución que cabrían. Otra de las opciones es dejar en manos de expertos esta evaluación. Y teniendo en cuenta que las agencias de calificación son las que más información tienen (pueden hacer entrevistas personales a directivos, ver cuentas internas….) son las encargadas de hacer este trabajo y resumen este análisis en una nota. De este modo, los inversores terminan otorgando a estas calificaciones una importancia crucial ya que es la información que manejan para tomar sus decisiones de inversión.

Conflicto de intereses

Sin embargo, este sistema genera algunos problemas. En primer lugar, hay que recordar que lo que emiten las agencias es una opinión, puesto que es imposible predecir con certeza las posibilidades de cumplimiento de pago de una empresa o de una entidad pública ya sea por falta de información o porque nadie pueda predecir el futuro económico.

Además, surge un conflicto de intereses. No hay que olvidar que estas empresas son privadas y por tanto funcionan bajo la lógica del beneficio, que precisamente proviene de las operaciones que realizan. Así, las entidades emisoras contratan a la agencia para que califique sus productos, pero las agencias pueden llegar a exagerar la calificación otorgada para satisfacer al cliente, y a su vez, incrementar el beneficio por comisiones.

Por otra parte, también hay que mencionar los problemas que pueden surgir ante el oligopolio anglosajón del que forman parte las tres agencias dedicadas a la calificación de deuda soberana y corporativa. Las tres tienen origen anglosajón que coincide con el hecho de que apenas se revisen las deudas de EEUU y Reino Unido. En este sentido, las compañías han sido fuertemente criticadas por posible manipulación de información para provocar una salida de inversiones en la zona euro a través de una rebaja de la calificación con el objetivo de atraerlas a EEUU.


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