Álava perderá 139 plazas en residencias públicas, denuncia EH Bildu

EH Bildu ha denunciado este lunes que Álava perderá 139 plazas públicas en residencias para mayores. El acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación establece que las personas usuarias del CIAM San Prudencio pasarán a ser atendidas en Arabarren cuando finalicen las obras que aún no han arrancado. Arabarren es una residencia privada, con la que Diputación concertará todas sus plazas.

Además EH Bildu alerta de que “en la actualidad de las 139 plazas (99 residenciales y 40 de Centro de Día) sólo 104 están siendo ocupadas”. Es decir, están dejando de utilizar 35 plazas públicas mientras se deriva a las personas mayores a plazas privadas. “Es gravísimo, pero la irresponsabilidad es mayor aún, ya que este acuerdo recoge además que no se va a ocupar las plazas libres aunque haya lista de espera. Y podemos asegurar que no se ha creado una plaza pública en las últimas tres legislaturas”, ha criticado la procuradora de EH Bildu Claudia Wenceslao.

Otro tanto ocurre con las plazas de centro de día y de fin de semana: no se ocupan sus plazas en su totalidad, se baja lo presupuestado: “Volvemos a comprobar cómo una vez más los trabajos de cuidados se dejan en manos privadas y en grandes empresas de seguros médicos. Es una irresponsabilidad y un error tremendo privatizar los cuidados porque esto se traduce, y que no se engañe nadie, en cuidados precarizados, en condiciones laborales pésimas y en que unos pocos que se lucren de unos cuidados que deberían ser públicos y de calidad”, ha añadido Venceslao.

Además, y según ha señalado Vitero, más de 40 trabajadoras del CIAM San Prudencio continúan sin poder aclarar su situación laboral. El espacio de titularidad municipal está siendo, a día de hoy, gestionado por Diputación. Es decir, es personal municipal quien atiende servicios de competencia foral.

Las trabajadoras han denunciado en múltiples ocasiones la inestabilidad que supone este vaivén de competencias para sus puestos de trabajo. Y ahora, se acaba de conocer que, tras el acuerdo, se pretenden eliminar, al menos, 4 puestos de trabajo. Además, la inestabilidad crece tras conocerse que los contratos de las trabajadoras han sido ampliados hasta febrero y que en el posterior periodo hasta junio se revisarán de nuevo todos los contratos.

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