El Tribunal de Cuentas condena a Alonso y Maroto por perjudicar a Vitoria en el alquiler de San Antonio

Alfonso Alonso y Javier Maroto han sido condenados por el alquiler de la Calle San Antonio. El Tribunal de Cuentas considera probado que los dos dirigentes actuaron en favor de Gonzalo Antón y en perjuicio de los intereses de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de un juicio contable y no penal, por lo que el único efecto es el económico. De hecho la causa penal ya fue archivada al no apreciar el fiscal indicios de delito.

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Los locales de Gonzalo Antón han sido motivo de polémica en el último lustro y ahora el Tribunal de Cuentas ha certificado que sí hubo perjuicio para la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

El Tribunal de Cuentas confirma que el contrato perjudicó a la ciudad al primar los intereses de un particular. Alonso, Maroto y el resto de concejales del PP en 2006  ya tuvieron que aportar 500.000 euros de fianza ante la posibilidad de que hubiese existido un perjuicio. Finalmente el pago será cercano a los 400.000€. El pago recaerá contra los miembros de la Junta de Gobierno que tomó la decisión: Alfonso Alonso, Javier Maroto, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Idoia Garmendia , Fernando Aránguiz y Marian Castellanos.

• Reacciones

El PP ha anunciado ya que interpondrá un recurso contra esta sentencia contable y recuerda que "quien firma la sentencia es una Consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza, designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU". El PP inciden en que no hay ninguna condena por corrupción.

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EH Bildu ha exigido su retirada de la vida política: “La consecuencia directa debe ser la dimisión de Javier Maroto como concejal del Ayuntamiento al que ha perjudicado de forma tan grave”. Larrion ha afirmado que “la dimisión es la única salida del ex Alcalde” ya que “quien exigía purgas en su partido contra la corrupción, se llevaran a quien se llevaran, quien exigía la dimisión inmediata de las personas ligadas con asuntos turbios, solo le queda dimitir tras una condena del Tribunal de Cuentas”.  Irabazi considera muy grave la condena y cree que no pueden continuar teniendo puestos de responsabilidad pública.

Desde el PSE Peio López de Munáin exige que ambos dirigentes pidan perdón a los vitorianos: "Ésta es la ruta social del PP: esquilmar fondos públicos a beneficio de terceros; éste es el resultado de la brillante gestión económica de la que siempre ha alardeado Maroto: una sentencia que junto a Alonso le señala como responsable de una actuación realizada en contra del interés de Vitoria y de la ciudadanía"

El Tribunal de Cuentas del Estado estudiaba irregularidades en dos ámbitos: por un lado en la diferencia de la valoración entre el informe técnico y el contrato final. Por otro lado desde el Tribunal de Cuentas también se censura el incremento anual, muy superior al IPC.

• Alquiler perjudicial para la ciudad

El empresario Gonzalo Antón adquirió por poco más de 2 millones un local en 2006 que, un año después, el Ayuntamiento alquiló a dedo en unas condiciones muy beneficiosas para Antón. Según el contrato final el beneficio total sería cercano a los 8 millones.

Hay que recordar que en 2013 el alcalde Javier Maroto logró una rebaja en el alquiler, que hasta ese momento se había regido por una actualización muy superior al IPC anual. El contrato fue aprobado en su día por Alfonso Alonso, a apenas unos meses de las elecciones en las que perdió la alcaldía.

• Comisión de investigación

La Comisión de Investigación que se celebró en el Ayuntamiento demostró que el ejecutivo de Alfonso Alonso benefició a Gonzalo Antón, al aprobar un alquiler muy superior al valor de mercado de ese tipo de inmuebles.  Alquileres en los que Gonzalo Antón se vio muy beneficiado, con unas cuotas por encima de mercado y un blindaje excepcional, que impedía al Ayuntamiento romper cualquier acuerdo

La contratación de dicho alquiler se realizó, inicialmente, a dedo y con la excusa de instalar ahí servicios de atención al ciudadano, oficina de turismo y el servicio de Padrón. Sin embargo, esta excusa ya quedó descartada con una grabación de una comisión de 2007 en la que Javier Maroto descartaba ya que en ese lugar se fuese a instalar la Oficina de Turismo: “La oficina de turismo no va a ir a estos locales, esto no quiere decir que podamos utiliza restos locales de apoyo. No tenemos intención de trasladar la oficina de turismo a estos servicios” aseguraba Maroto en 2007.

En aquellas declaraciones Maroto (entonces concejal de Hacienda), aseguraba que “no tiene sentido que entren por la misma puerta las personas de padrón y los turistas”. Además, según esas grabaciones Maroto anunció en 2007 que existía una opción final de compra, algo de lo que no se ha vuelto a saber.

Con estas grabaciones se desmontaba el primer argumento sostenido hasta este momento por el Equipo de Gobierno respecto al alquiler. Hasta ahora Ainhoa Domaica, portavoz del Gobierno, había argumentado la necesidad de alquilar el local porque necesitaban un espacio amplio para poder cubrir las necesidades.

Las conclusiones de la Comisión de Investigación municipal también establecen que, desde el primer momento, el Ayuntamiento se adaptó a las exigencias de Gonzalo Antón. Numerosos correos electrónicos probaban que había sido la sociedad privada la que en todo momento había llevado la iniciativa en la negociación.

• Informes de valoración

El Departamento de Urbanismo valoró inicialmente el alquiler del inmueble en 10.168€/mes por 10 años (actualización del IPC). Sin embargo posteriormente la empresa emitió una contraoferta de 18.500€/mes, casi el doble.

Finalmente la propuesta resultante quedó establecida en 12.500 €/mes para 20 años, con unas actualizaciones anuales desbocadas. Esta propuesta que salió adelante le permitían a la empresa establecer unas ganancias totales más de 6 millones de euros, algo desbocado pese a ser 2007. Y hay que recordar que toda la adecuación del inmueble ha sido pagada por el Ayuntamiento.

• Imagen del contrato analizado