Amvisa adjudica dos contratos a una empresa condenada por el Caso De Miguel
La prohibición de contratar con la administración no es firme hasta que la sentencia no sea firme
Amvisa ha adjudicado a un condenado por el Caso de Miguel dos contratos. La empresa adjudicataria es Stoa, administrada por Sergio Fernández Oleaga, condenado en el Caso de Miguel. La Ley de Contratos establece que la prohibición para contratar con la administración no existe hasta que la sentencia sea firme. La sentencia está recurrida, y por eso este jueves se ha podido adjudicar.
Fernández Oleaga fue condenado por un delito de cohecho activo y por otro de falsedad en documento privado, dentro del sumario por corrupción del denominado ‘Caso De Miguel’. En uno de los concursos Stoa era la única candidata, y en el otro obtuvo la mejor valoración técnica. Por tanto, los consejeros no podían rechazar su aprobación sin poder incurrir en una responsabilidad patrimonial.
La oposición pidió aplazar la adjudicación de estos concursos hasta que la sentencia se haga firme (se confirme o se desestime la condena). Pero la votación siguió adelante. El PP abandonó el consejo de Amvisa y Elkarrekin+EH Bildu votaron en contra de la primera adjudicación, pero por 'imperativo legal' tuvieron que aceptar la segunda.
Uno de las adjudicaciones es la redacción del proyecto de reparación y mejora de la EDAR de Crispijana, en la que Stoa obtuvo la mejor valoración frente a otra empresa candidata. Aunque la oposición defiende que era una propuesta anormalmente baja. El segundo de los concursos es el mantenimiento de las estaciones de bombeo y y obras menores de la red de alcantarillado, y aquí Stoa era la única candidata que pasó el filtro técnico.
"Siendo la única oferta presentada y habiendo obtenido la puntuación necesaria descrita en los pliegos, tras las consultas juridicas realizadas, la conclusión es que no se puede bloquear esta adjudicación sin que los consejeros de la entidad puedan incurrir en responsabilidades patrimoniales o de otra índole y además, no supondría ninguna garantía de que la contratación no se termine produciendo. Por eso EH Bildu, por imperativo legal, ha tenido que permitir la aprobación del contrato", aseguraba la formación abertzale. Desde el PP justifican su abandono para "no ser partícipes de este empeño del Gobierno Municipal", al no poder votar en contra.
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