Apartamentos tutelados privados: del 'boom' al declive en Vitoria-Gasteiz
Los apartamentos tutelados privados tuvieron sus años dorados a principios del siglo XXI. ¿Por qué no hubo más?
Hace ya unos años que Julio y su mujer vendieron su piso en Sansomendi para trasladarse al Batán. A otro con dos habitaciones, cocina, comedor y baño, además de garaje y trastero. Por no hablar de gimnasio, lavandería, restaurante, videoportero, sistemas de alarmas, conserjes y actividades como teatro o canto para los vecinos de sus 108 viviendas.
Son los apartamentos tutelados privados. Un modelo enfocado a mayores de 60 años o gente con alguna discapacidad, pensados para residir 1 o 2 personas, a lo sumo, y contar con servicios comunes y accesibles. En Vitoria-Gasteiz tuvieron su edad de oro durante los primeros años del siglo XXI.
Especulación y crisis
La fórmula, sin embargo, pronto entró en declive y el interés por ellos, aunque haberlo 'haylo', con algún que otro repunte, resulta más bien anecdótico. Nulo para las constructoras, y puntual para quienes buscan piso, ya que sus requisitos solo los hacen atractivos para un público muy concreto, no siempre dispuesto a cambiar de aires ya con ciertas edades.
En pleno 'boom', en la ciudad se preveía levantar hasta unos 2.000 pisos de estas características. Entonces, las constructoras los edificaban en suelo destinado a equipamientos, más barato que el de vivienda. Luego los vendían a precio de libre mercado. El beneficio era obvio.
Los primeros se compraron por unos 120.000-140.000 euros. Luego los costes escalaron, y en algunas promociones llegaron a rondar los 300.000 euros.
Un desembolso no al alcance de cualquiera. En 2006, el runrún especulativo llegó al Ayuntamiento vitoriano, que prohibió construirlos en zonas industriales y paralizó 500 pisos tutelados. También, vía judicial, impidió que Opacua elevara el precio en los 42 apartamentos tutelados de Etxezarra, dejándolos entonces entre los 163.000 y 195.000.
A ello se unió, a partir de 2008, la crisis del ladrillo. El estallido de la burbuja inmobiliaria complicó el sector y arrastró al mercado de segunda mano de pisos. Dificultó que la gente interesada en estos apartamentos pudiera vender antes los suyos.
Además, en aquellos años, el Gobierno Vasco también reguló su construcción y posterior venta como viviendas libres.
Promociones abandonadas
Una tormenta perfecta que, en menos de una década, convirtió en efímero este modelo de pisos. Las constructoras los aparcaron. Fruto de aquella época son vestigios como los 133 pisos abandonados, sin terminar de construir, en el polígono Casablanca de Laguardia. Todo el inmueble está a la venta por 3,7 millones de euros.
O los 63 de Arkaute, en un complejo inoperativo desde 2009 y por el que piden unos 2 millones de euros. Otros abandonados en su día, como los de la calle Roma, son hoy el Apartahotel Salburua.
En Vitoria-Gasteiz persisten menos de 800, edificados durante el auge de estos complejos, y repartidos en 10 promociones:
- Alto del Prado.
- Donostia 23.
- El Batán (Maite Zúñiga).
- Etxezarra.
- Fuente de la Salud.
- Plaza del Renacimiento.
- Jardines de Aristi.
- Getaria.
- Lakua 796.
- Calle Viena.
Todos están en funcionamiento, aunque con suerte dispar. Por ejemplo, en Jardines de Aristi, su promotora, Jaureguizar, se vio obligada a convertir parte de los 150 apartamentos en apartahotel. Allí, aún tienen pisos tutelados disponibles. Aunque, tras la pandemia, parece haber un repunte en su venta.
Inspecciones y sanciones
Sus características los convierten en opciones atractivas para personas con cierta edad pero funcionales, que gustan de hacer actividades en comunidad. Sin necesitar pisos muy espaciosos, pero sí accesibles. Y a quienes el contar con teleasistencia y personal con conocimientos de enfermería, en caso de cualquier emergencia, les da tranquilidad.
En principio, la mayoría compra apartamentos tutelados para su propio uso y disfrute. Pero también hay quienes los adquieren como una inversión, y luego los alquilan a gente que cumple los requisitos para vivir en ellos.
Aunque, como en todo, hecha la ley, hecha la trampa. La picaresca pasa por empadronar en estas viviendas a personas mayores de 60 años, sin que los residentes reales tengan la edad exigida.
No es lo habitual, porque siempre te expones a una inspección. Y a una multa de unos 12.000 euros si no cumples.
Es Diputación, a través del Servicio de Registro e Inspección de Servicios Sociales, quien supervisa que se acate la normativa. Esto es, el Decreto 195/2006, de 10 de octubre del Gobierno Vasco, que modifica el Decreto 41/1998 de 10 de marzo sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.
Así, periódicamente realizan inspecciones, aunque también cuando reciben alguna denuncia sobre el funcionamiento de las comunidades, la edad de los inquilinos o el número de residentes en cada vivienda.
Si la problemática no es del ámbito institucional, deberá ser la comunidad de vecinos en cuestión, a través de la Ley de Propiedad Horizontal, la que dirima sus diferencias.
"No tienen mucha salida, hay que buscar clientela concreta para cumplir los requisitos"
Pero si es competencia de Diputación, se incoa un expediente y se resuelve. Si la normativa se incumple, se impone una sanción económica a la persona propietaria del apartamento tutelado. En la urbanización donde vive Julio ya ha ocurrido en alguna ocasión.
"La sociedad no los demanda"
Pero ha sido algo puntual "y les han dado un tiempo para marcharse". Por lo demás, destaca el "buen ambiente" que existe entre sus residentes. Ellos mismos, a través de unos estatutos y una Junta de Gobierno, se organizan para, a través de una empresa de gestión de fincas, procurar que todo esté en orden.
"Para cualquier hijo estas viviendas, con los servicios que hay, son una opción cómoda, en vez de que sus padres estén en una residencia. Y si necesitas algo más, coges a una cuidadora por horas. Da tranquilidad", admite Julio.
Sin embargo, reconoce que no están de moda. "El modelo de pisos tutelados cayó, como lo de las cooperativas, porque se empezaron a potenciar las residencias", opina. Factor que también ha influido en sus precios: "Ahora están muy devaluados, se pueden vender como cualquier otra vivienda normal".
El precio de algunos pisos tutelados a la venta oscila entre los 160.000 y los 185.000 euros
"No tienen mucha salida, hay que buscar clientela concreta que cumpla los requisitos", coincide Carlos Fernández de Nograro. "La gente prefiere otras cosas, busca libertad para comprar o alquilar. Si fallecen los inquilinos, para los hijos no es fácil venderlos. Además, los gastos suelen ser algo elevados por los servicios y el personal específico que tienen", recalca este promotor inmobiliario.
Por su experiencia, añade que no son viviendas atractivas "ni para los inversores, porque están muy reguladas". "La sociedad no las demanda", zanja.
Eso no quita para que haya algunos de segunda mano a la venta en varias de las urbanizaciones y, más pronto o más tarde, encuentren compradores. Los precios que piden sus propietarios oscilan entre los 160.000 y los 185.000 euros. Alguno también se alquila por 800 euros al mes.
Pisos tutelados municipales: no confundir
Sin embargo, no conviene confundir este tipo de apartamentos tutelados privados con los municipales. El Ayuntamiento vitoriano cuenta con 218 plazas repartidas en pisos de:
- Beato Tomás de Zumárraga.
- Blas de Otero (Amadís).
- Ramiro de Maeztu.
- Bizia (Pablo Neruda).
- San Antonio.
- Santa María de Olarizu (Juan Bautista Gamiz).
Sus residentes son personas de 65 años o más, con un grado 1 de dependencia reconocido. Las plazas se asignan según disponibilidad, sin que los residentes puedan elegir el centro. En ellos, hay alojamientos individuales o dobles, y un equipo profesional les atiende unas horas al día.
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