Ayudas Más Justas suaviza la propuesta de padrón pero mantiene muchas reclamaciones sobre la RGI

Foto: Ayudas Más Justas

La Plataforma Ayudas Más Justas presentaba este viernes su propuesta de Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento Vasco. Una propuesta para modificar las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos.  La presentación de las firmas corrió a cargo de la plataforma, contando una vez más con el apoyo de Javier Maroto.

A partir de ahora habrá que esperar a que el desarrollo de la ILP siga su curso, para iniciar la recogida de firmas en enero.

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La plataforma ha suavizado algunas de las medidas presentadas por el alcalde hace dos meses, pero al mismo tiempo ha incluido otras más recientes como la relacionada con la pobreza energética.

Las reclamaciones de la plataforma pasan por :

Tener residencia legal en el País Vasco y acumular cinco años de residencia en el País Vasco dentro de los últimos diez años. En caso contrario bastará con acreditar, mediante la correspondiente vida laboral, al menos cinco años de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico. Esta propuesta es más flexible que la propuesta inicialmente por Maroto, que hablaba de 10 años.

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Además aboga por excluir del patrimonio tanto la vivienda habitual como "otros inmuebles de escaso valor en los términos que se determinen reglamentariamente". 

La propuesta también propone excluir de la percepción de RGI a quienes cuenten con antecedentes penales por: Delitos referentes a organizaciones terroristas y grupos terroristas y delitos de terrorismo;  delitos de homicidio y sus formas los delitos de lesiones o maltrato de obra del artículo, el delito de lesiones del artículo; el delito de amenazas leves; el delito de coacciones leves; delitos contra la libertad e indemnidad sexuale; delitos contra el patrimonio, tipificados en los artículos; delitos contra la Salud Pública y la perpetración reitera de la falta de hurto.

La propuesta también pide que los perceptores de la RGI puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad a través de los Ayuntamientos, con la excepción de perceptores de pensiones de invalidez, menores de 23 años que cursen estudios o personas que no estén capacitadas para estas labores.

Además también se incluye la propuesta de Javier Maroto de establecer un complemento para "aquellos pensionistas que por sus circunstancias personales no puedan hacer frente a facturas energéticas, como gas o electricidad, cuya cuantía se fijará reglamentariamente.”

También se prohibirá el envío de remesas al exterior, y se reclamará en caso de cobrar el complemento de vivienda, la documentación mensual que justifique, mediante ingreso bancario, los pagos de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual.

Por último, la propuesta pide que "no se consideren rendimientos computables, a los efectos de establecer el derecho al acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, los préstamos bancarios obtenidos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, percibidos en los 24 meses anteriores al cierre o cese de dichas actividades, en los términos en que se determine reglamentariamente".