Ayudas sociales: el último eslabón del Estado del Bienestar

2.325 vitorianos recibieron en 2012 Ayudas de Emergencia Social. Esta ayuda, gestionada por el Ayuntamiento, es la más básica de toda las económicas que se pueden recibir, y a ellas acceden los 'excluidos', aquellos que no tienen trabajo, no cobran paro y tampoco pueden acceder a la Renta de Garantía de Ingresos u otro tipo de ayudas. Esos 2.325 vitorianos se unen a otros 400 perceptores de otras ayudas económicas municipales durante ese mismo año. Otros 400 vitorianos que se encuentran sin empleo y que proceden en su mayoría de los centros de menores de la Diputación, que se encuentran en un limbo entre los centros de menores y la percepción de RGI. Muchos de ellos se encuentran son personas sin familia y con problemas para la integración.

En los últimos años el gobierno municipal ha incidido en su discurso de control al fraude en este tipo de ayudas, así como en las RGI. Fraude que llega desde varios frentes, como el cobro de más de una prestación, su falsa inscripción en el padrón o la percepción de ayudas mientras se trabaja en la economía sumergida. Para contrarrestar este problema el consistorio ha puesto en marcha varias medidas, relacionadas con el padrón, con el cruce de datos con Lanbide y con la priorización de las ayudas en especie en lugar de las económicas. Medidas encaminadas a gestionar con racionalidad y con justicia unas ayudas que sólo deben ser para quienes realmente las necesita, según insiste la Concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica.

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Es el caso de las Ayudas a la Alimentación, parte de las cuales se transformaron en vales comedor "para priorizar la prestación en especie del comedor". "El consistorio no puede pedir la factura de todos los gastos de alimentación como hace con el contrato de alquiler, pero sin embargo sí puede controlar quién recibe y consume esos vales para Desamparadas", asegura Ainhoa Domaica.

Hasta finales de 2011 el Ayuntamiento de Vitoria gestionaba las RGI, las AES y las ayudas municipales. Ese año el presupuesto municipal por este concepto ascendía a 47 millones de euros. Tras el traspaso de la Renta de Garantía de Ingresos al Gobierno Vasco el Ayuntamiento pasó a gestionar apenas un 6% de las ayudas, en términos económicos.

Control informático

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Con esa división institucional de las diversas ayudas, ¿evitar la duplicidad no es más complicado que antes? "En 2011 pusimos en marcha un convenio para el trasvase de información y el cruce de las diferentes bases de datos. La idea es que ellos puedan acceder a nuestra base de padrón y nosotros a sus bases de datos".

Ainhoa Domaica asegura que el mayor reto para su departamento ha sido precisamente la informatización de toda la gestión: "Cuando llegué al departamento me encontré algo muy manual y poco informatizado. El acceso al comedor, por ejemplo, era un vale manuscrito y eso daba lugar a rumores de fraude y a manipulaciones de los vales".

El primer paso fue permitir el acceso inmediato al padrón de los técnicos de Asuntos Sociales: "Cada vez que una persona solicita una ayuda, el responsable accede directamente al sistema de padrón. Incluso, antes de generar un pago, hacemos un barrido para conocer el listado de la situación en este momento".

Pero también fue necesario mejorar la gestión de dicho padrón: "Antes la revisión se hacía dos veces al año y era un padrón 'pasivo', en el que eran los vitorianos los que nos decían cuándo darles de alta o de baja". Los 6.500 expedientes de bajas sin tramitar fueron consecuencia precisamente de esa política de padrón, poco informatizada y muy burocrática. Pusimos en marcha una aplicación informática para hacer nosotros de oficio una revisión de los contratos de alquiler: "Nuestra aplicación nos recuerda cuándo vence un contrato de alquiler". Por cierto que Domaica matiza y recuerda que esas 6.500 bajas del padrón sobre la mesa no eran 6.500 casos de fraude. Algunas de estas bajas podían ser cambio de piso y muchas otras gente que no estaba cobrando las ayudas.

El reto de empadronarse

El Ayuntamiento también ha endurecido las condiciones de empadronamiento. Ahora sólo es posible empadronarse con una invitación del dueño, con un título de propiedad o título de alquiler. Para evitar los empadronamientos en cascada, el Ayuntamiento obliga a personarse en las oficinas municipales al propietario y al inquilino para certificar que son ellos los que tienen los derechos sobre esa vivienda. Domaica justifica esta actuación porque "en algún caso hemos visto personas mayores a los que les han robado el DNI y se han encontrado con alquileres que ellos no habían hecho".

El Ayuntamiento también ha apostado en los últimos años por aumentar el control en el comedor de Desamparadas. Además, tras la sustitución de las Ayudas a la Alimentación por vales-comedor, el programa de acceso se informatizó para garantizar el uso adecuado de estas cantidades y para comprobar que quien recibe los vales acude al comedor, sin posibilidad de reventa. "Antes nosotros no controlábamos y no sabíamos si habían ido a comer y a cenar todos los días del mes".

El fraude en las Ayudas sociales puede llegar también por el cobro simultáneo de diversas prestaciones. En los últimos años el cruce de información es constante entre diversas administraciones. La Diputación,  que gestiona las ayudas a la Dependencia, Lanbide que gestiona los contratos de trabajo, el paro y las RGI, y el Ayuntamiento como gestor de las AES, el comedor y las Ayudas Municipales.

¿Quién recibe las ayudas?

Las Ayudas municipales son el último eslabón en el Estado del bienestar y por ello están dirigidas a los más desamparados. En esta época de crisis la población inmigrante es quien más problemas de este tipo padece. "Tienen menos arraigo en la ciudad", confirma Domaica. El 78% de los perceptores de Ayudas Municipales son extranjeros, así como el 51% de las AES. ¿Por qué? Para llegar a cobrar estas ayudas es necesario no tener trabajo, ni derecho al paro, ni a pensión ni a otras ayudas Sociales para RGI.  "Da igual que seas de Vitoria o de Colombia. Es cierto que hay un mayor porcentaje de perceptores extranjero, pero porque son gente que están en situación de mayor vulnerabilidad. La gente de aquí tiene derecho a un paro y a otra serie de prestaciones sociales". También hay que tener en cuenta la Ley de Dependencia, gestionada por la Diputación, así como el apoyo familiar que en el caso de los extranjeros a menudo no existe.

Y a quienes se les niegan las ayudas previas es porque, bien no lo necesitan, o bien no cumplen con el criterio de padrón. La RGI exige tres años de empadronamiento, mientras que las rebajan el plazo a seis meses y las Ayudas Municipales a un año. "Si hay una persona que cumple requisitos para ir a Lanbide nosotros directamente le derivamos a Lanbide".

Domaica asegura que, sin embargo, en los últimos años "va cogiendo más peso el perceptor nacional en las AES, mientras que en las ayudas municipales el perfil es de extranjero y de hogar unipersonal". Junto al comedor de Desamparadas "son los recursos más básicos y de mayor necesidad, y eso hay que tenerlo en cuenta".

La situación de irregularidad de muchos de los perceptores también influye, al no poder acceder a un contrato de trabajo en condiciones. Incluso Domaica destaca también la posible economía sumergida que afecta a algunos perceptores, algo que, lamenta, se produce debido a "una connivencia generalizada". Pero "todo lo que no es oficial es muy complicado y hay que demostrarlo y acreditarlo". Y es que la necesidad en este caso está por encima de la duda.