Condena a Indesa por vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador

Indesa 2010 SL, el centro especial de empleo en el que participa la Diputación Foral de Álava, ha sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de uno de sus trabajadores. La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), hecha pública el 13 de septiembre, obliga al organismo foral a abonar 9.000 euros en concepto de indemnización. Una cuantía alejada de la cifra original solicitada, que ascendía a 187.151 euros.

El fallo judicial declara que existe una "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la dignidad del trabajador". Y considera que las tareas asignadas al demandante, jefe de área, no se correspondían con las propias de su puesto de trabajo. "Eran funciones de su departamento, pero no de su categoría, en cuanto que no hacían ver trabajos de dirigir, planificar, controlar y organizar recursos y medios puestos a su disposición", especifica.

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Desde Diputación han rehusado valorar el auto del TSJPV, que aprecia que "no se cumplió" con otra sentencia judicial anterior, fechada en 2019. "Se le asignaron funciones distintas a las previas que tenía, algunas no eran de su categoría profesional y otras de su categoría no se le asignaron", argumenta. Así, "aquel contexto conflictivo y esta conducta hace ver que se ha conculcado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la dignidad del trabajador".

Manifestación de la plantilla de Indesa, el pasado marzo, para pedir un "convenio digno".

Reorganización del departamento

Con esta sentencia, el TSJPV estima en parte las reclamaciones de Vicente, jefe de personal y delegado sindical de USO en Indesa. Desde 2006 trabaja en el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), y en 2013 pasó al centro especial de empleo como jefe de personal. En 2018 llegó nuevo personal directivo que reorganizó el departamento y creó otra estructura. Comenzó la situación que ha dado pie a esta sentencia.

"Tras dos años solo, había formado a una persona con diversidad funcional que provenía de la lavandería para realizar tareas administrativas. Era un ejemplo de integración. Y, en ese momento, le rescindieron el contrato. Esa decisión, y la carga de trabajo que conllevó, hizo que cayera de baja", explica Vicente.

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Lavandería de Indesa en Júndiz.

Al intentar reincorporarse a su puesto, tres meses después, "me intentaron ubicar en un área que nada tenía que ver con mi formación, ni con las tareas ni responsabilidades que hasta el momento hacía, lo cual denuncié por vía judicial". Fue la primera de varias denuncias.

En 2019, el Juzgado de lo Social de Vitoria estimó que había "una modificación sustancial de las condiciones de trabajo" e instó a la empresa a reponer a Vicente en sus funciones, con las mismas condiciones anteriores a la reorganización del departamento. Posteriores reclamos ante Inspección de Trabajo le devolvieron su puesto original, pero no sus tareas.

Crisis de ansiedad

Una demanda más termina en enero de este año con otra sentencia de la Sala de lo Social de Vitoria, que en esta ocasión desestimaba su planteamiento. Su recurso ante el TSJPV ha resultado en la revocación de ese fallo, y en la estimación de parte de su demanda.

"Estoy contento de que hayan reconocido que se han vulnerado mis derechos", afirma Vicente, tras cuatro años de litigios. En este tiempo, ha afrontado varias bajas por crisis de ansiedad, asignaciones laborales "de baja categoría", sanciones y expedientes disciplinarios.

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A la espera de ver si INDESA recurre el fallo ante el Tribunal Supremo, Vicente confía en que, a partir de ahora, pueda trabajar igual que antes de 2018. "Porque, pese a lo que indiquen las sentencias, sigo teniendo muy pocas tareas para desarrollar, mi mesa está casi vacía y no debería ser así", reconoce.

En cualquier caso, lamenta que "la actuación de algunas personas" empañe la labor global de INDESA para la integración sociolaboral de personas con diversidad funcional.