El Supremo confirma la corrupción del Caso De Miguel

10 enero, 2023

El Supremo ratifica las condenas en el mayor caso de corrupción de la historia de Álava

El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas del mayor caso de corrupción detectado en Álava. Condenas que afectan principalmente a los "integrantes del Araba Buru Batzar" Alfredo de Miguel, Luis Felipe Ochandiano y Carlos Aitor Tellería. La sala presidida por el juez Marchena ha ratificado las condenas "con puntuales correcciones técnicas". Esto motivará el ingreso en prisión de los tres y la salida de Alfredo de Miguel de su trabajo como técnico en Hazi.

Las condenas para los tres ex miembros del Araba Buru Batzar son por los siguientes delitos:

  • Tráfico de influencias.
  • Inducción o cooperación a la prevaricación
  • Cohecho.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Falsedad documental.
  • Asociación ilícita.
  • Blanqueo de capitales.
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Alfredo De Miguel, durante el juicio en Vitoria-Gasteiz

Las condenas

A Alfredo De Miguel se le han impuesto 12 años y 4 meses de prisión, con un límite legal de cumplimiento de 9 años. También se le han impuesto condenas por inhabilitación y multas.

A Luis Felipe Ochandiano se le imponen, además de otras penas accesorias, 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo.

Por último, Carlos Aitor Tellería está condenado a 5 años, 1 mes y 15 días de prisión.

El Supremo confirma que los tres acusados pidieron comisiones para "favorecer la adjudicación de contratos de obra o de servicios". Y lo hicieron "prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal".

Testaferros y empresas pantalla

El Supremo explica que los acusados crearon empresas que "facturaban servicios ficticios para encubrir el cobro de estas comisiones". Estas empresas contaban con titulares ajenos a los encausados: "Las empresas aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros".

Una de estas sociedades, denominada Kataia Consulting SL, se constituyó a nombre de sus respectivas esposas. La Audiencia Provincial de Álava absolvió a Araceli B.L. (esposa de Carlos Aitor Tellería), por no haberse acreditado que llegara a saber que la empresa estaba vinculada a una actividad ilícita de su esposo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo confirma la condena a las esposas de los otros dos acusados: Ainhoa B.L. e Iratxe G.U.S.. Ambas son responsables de los delitos de blanqueo de capitales y de cooperación en la asociación ilícita constituida por sus cónyuges. En estos casos las penas son de 1 año y 6 meses de prisión, así como 180.000 euros de multa.

Otras dos sociedades pantalla

Los tres acusados principales emplearon otras dos sociedades para los mismos fines. En concreto, las sociedades Errexal SL y Ortzi Muga SL. Estas se constituyeron bajo la titularidad simulada de Josu A.M. e Iñaki S.J.B.. Ambos ayudaron a cometer los delitos y recaudar ingresos. Por ello han sido condenados como cooperadores de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita. Las penas para ambos son superiores a los 4 años.

La sentencia también condena a los tres políticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades. Incluso, la administración les abonó unos trabajos que no realizaron nunca.

¿Quién daba los contratos?

Las adjudicaciones derivaron de distintos contratos emitidos por distintas instituciones gestionadas por el PNV:

  • Parque Tecnológico de Álava.
  • Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
  • Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
  • Ayuntamiento de Zigoitia.
  • Ayuntamiento de Zambrana.
  • Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava cuyos presidentes pertenecían al PNV.

El Tribunal Supremo confirma que los acusados aprovecharon su influencia política: "Los colaboradores, además de contravenir el procedimiento de tramitación administrativa, propusieron la adjudicación por amiguismo con los acusados".

Y hay condenas para quienes, desde la administración, favorecieron a los acusados:

  • Alfonso Carlos Arriola (gerente del Parque Tecnológico de Álava) por su cooperación a la comisión de un delito de prevaricación administrativa, imponiéndole la pena de cuatro años de inhabilitación.
  • Francisco Javier Sánchez Robles (director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco), como cooperador de un delito continuado de prevaricación. También por integración activa en una asociación ilícita y por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental, por lo que le imponen diversas penas, entre ellas prisión por más de 7 años.
  • La alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, por un delito continuado de prevaricación y a la que se imponen 9 años de inhabilitación para cargo público.

La sentencia condena además a empresarios que se favorecieron de estas adjudicaciones, previo pago de comisiones. Algunos no recurrieron la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Vitoria. Pero sí recurrieron Sergio Fernández Oleaga (Studio Técnico de Obras y Arquitectura SL) y Jon Iñaki Echaburu (Construcciones Loizate SA). Para el primero se confirma su condena a 1 año y 6 meses de prisión por los delitos de falsedad documental y cohecho. El segundo es inductor de un delito de tráfico de influencias, condenado a 5 meses de prisión.

Absueltos

La sentencia sí absuelve a Alfredo De Miguel, Aitor Tellería, Alfonso Arriola, Iñaki San Juan "de algunas actuaciones aisladas por las que les condenó la Audiencia Provincial alavesa".

Y, además, ha absuelto de todos sus cargos a Julián Andrés S.A. (Presidente de los Parques Tecnológico del País Vasco). No ha quedado acreditado suficientemente que llegara a conocer las irregularidades, según el Supremo. También absuelve a Jon Iñaki Echaburu de los delitos de cohecho y asociación ilícita por los que estaba inicialmente condenado.