Se estrecha el plazo para presentar las propuestas de consulta popular

Si los vitorianos no registran en el Ayuntamiento sus propuestas de consulta ciudadana antes de "mediados de marzo, podrían quedar fuera de plazo para este año", señalan fuentes municipales. Y añaden que todavía "no se ha presentado ninguna". Tras un largo proceso, las iniciativas admitidas se someterían el 26 de noviembre a un referéndum local, el primero de este tipo celebrado en la capital alavesa.

Esa cita con las urnas no exigiría un mínimo de participación para legitimar los resultados. Y, además, la opinión de los vitorianos sería vinculante en el caso de las consultas populares. Es decir, las que afectan a toda la ciudadanía, como la continuidad de la feria taurina o cambiar el nombre de calles. No sucedería lo mismo con las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, en las que el Consistorio tendría la última palabra.

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Las propuestas de consulta ciudadana serán sobre un asunto de competencia municipal que tenga "especial importancia para los intereses de la población", explican desde el Ayuntamiento. Y no afectarán a la Hacienda Local ni vulnerarán la legalidad, los Derechos Humanos o la territorialidad del municipio.

La comisión promotora de estas iniciativas deberá estar formada por un mínimo de tres personas mayores de 18 años y empadronadas en Vitoria, que no sean representantes electos de la ciudadanía en ninguna institución pública. O por una persona jurídica inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, lo que permite a las asociaciones presentar sus propuestas.

• Proceso

Aunque el 26 de noviembre parece una fecha lejana, el procedimiento administrativo en estas situaciones resulta largo y complejo. Primero hay que registrar la iniciativa de consulta ciudadana. Se pueden descargar los formularios en la web del Ayuntamiento y, una vez cumplimentados, entregarlos en el registro municipal. O tramitar la solicitud online, lo que requiere conectarse con una tarjeta de identificación digital.

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Si la idea resulta admitida, sus promotores deberán respaldarla con unas 19.000 firmas. Es decir, necesitan el aval del 10% de las personas empadronadas en Vitoria y mayores de 18 años. Eso en el caso de las consultas populares. Para consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado se establece el mismo número de apoyos, pero los firmantes deben estar empadronados en la zona afectada por la propuesta y se rebaja la edad a 16 años.

El cambio de los nombres de calles también podría someterse a referéndum

El Ayuntamiento facilitará los pliegos de firmas en menos de diez días desde la admisión de la iniciativa, que se votará en el pleno de esta institución. Después, los promotores de la solicitud tendrán 90 días naturales para presentar los 19.000 apoyos obtenidos.

Una vez finalizado este trámite, distintos organismos públicos estudiarán la propuesta. En este sentido, el Gobierno de España debe autorizar la celebración de cualquier consulta popular municipal. Y ese el paso que “más nos preocupa, porque no sabemos cuánto podría dilatar el proceso”, señalan desde el Ayuntamiento.

La solicitud volverá entonces al pleno del Consistorio, que deberá aprobar por mayoría absoluta la celebración de la consulta ciudadana. Es decir, al menos 14 de los 27 concejales deberán dar el sí. Luego, una campaña informativa municipal, que durará entre 30 y 90 días, divulgará las propuestas entre los vitorianos.

Finalmente, la ciudadanía podrá acudir a las urnas el 26 de noviembre para votar todas las ideas planteadas que hayan superado este intrincado procedimiento. Las que no entren dentro del plazo fijado para este año tendrán que esperar al siguiente. Fuentes municipales avanzan que en 2018 “probablemente se convoquen dos reférendum locales”, el máximo establecido, en vez de uno.

• Menos firmas

El Ayuntamiento atribuye que todavía no se haya presentado ninguna propuesta al desconocimiento de los vitorianos. En este sentido, Podemos "considera fundamental iniciar cuanto antes una campaña de información". Y opina que "muy poca gente sabe que ya se ha fijado fecha para la celebración de la primera cita, el 26 de noviembre, y todavía son menos las personas que conocen la mecánica y los requisitos del proceso".

En cuanto a las 19.000 firmas que según la Ley de Bases estatal deben acompañar este tipo de iniciativas, EH Bildu propone un pacto de ciudad para reducir esta cifra a 10.000 "dentro de la legalidad". Es decir, del 10% de apoyos exigidos se pasaría a un 5%, "el límite idóneo" para animar a los ciudadanos a participar. Irabazi, por su parte, defiende que este porcentaje debería situarse en el 1%, como propuso mientras trabajaba en el borrador del reglamento municipal que regula las consultas ciudadanas.