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21 de abril
El Tribunal de Cuentas considera que Maroto y Alonso pudieron beneficiar a Gonzalo Antón
El alcalde y el ministro de Sanidad evitarán la foto en el Tribunal de Cuentas del Estado
El Tribunal de Cuentas del Estado condena a pagar de forma subsidiaria una fianza de 496.223 euros a Alfonso Alonso, Javier Maroto y otros 7 concejales populares por el contrato de arrendamiento de los locales de San Antonio. Así se refleja en la liquidación provisional, que aún puede ser recurrible para evitar realizar dicho pago. Además, el organismo ha rechazado que estos hechos hayan prescrito, como pedían los dirigentes populares.
El Tribunal de Cuentas del Estado considera que se pudo beneficiar a Gonzalo Antón con el contrato de alquiler redactado en 2007. Un contrato que perjudicó a la ciudad al primar los intereses de un particular. Por ello obligan ahora a los 9 concejales que aprobaron el contrato en Junta de Gobierno a pagar casi 500.000€ de fianza. Una cantidad que surge por la diferencia entre la valoración del alquiler por parte de los técnicos y el contrato final.
En un comunicado, el Tribunal de Cuentas aclara que su actuación es solo "un pronunciamiento previo y de carácter provisional".
Asegura que responde a que "las actuaciones previas tienen una naturaleza administrativa cuya finalidad es asegurar los bienes de las entidades públicas de forma cautelar, sin que prejuzguen el procedimiento judicial, ni tan siquiera la necesidad de su apertura".
El Tribunal de Cuentas del Estado detecta irregularidades en dos ámbitos: por un lado en la diferencia de la valoración entre el informe técnico y el contrato final. Por otro lado desde el Tribunal de Cuentas también se censura el incremento anual, muy superior al IPC.
Además de esta multa, el Tribunal de Cuentas también obliga a Maroto a pagar otros 1.696€, a la socialista Marian Gutiérrez 13.336€ y Manu Uriarte 5.228€. Estas tres personas han sido concejales de Hacienda durante el periodo del alquiler y el Tribunal ve un error y una irregularidad en la actualización de los datos del IPC, que no se realizaba según las cifras de marzo, como debía haberse hecho.
- Alquiler perjudicial para la ciudad
El empresario Gonzalo Antón adquirió por poco más de 2 millones un local en 2006 que, un año después, el Ayuntamiento alquiló a dedo en unas condiciones muy beneficiosas para Antón. Según el contrato final el beneficio total sería cercano a los 8 millones.
Hay que recordar que hace ya más de un año el alcalde Javier Maroto logró una rebaja en el alquiler, que hasta ese momento se había regido por una actualización muy superior al IPC anual. El contrato fue aprobado en su día por Alfonso Alonso, a apenas unos meses de las elecciones en las que perdió la alcaldía.
- Comisión de investigación
La Comisión de Investigación que se celebró en el Ayuntamiento demostró que el ejecutivo de Alfonso Alonso benefició a Gonzalo Antón, al aprobar un alquiler muy superior al valor de mercado de ese tipo de inmuebles. Alquileres en los que Gonzalo Antón se vio muy beneficiado, con unas cuotas por encima de mercado y un blindaje excepcional, que impedía al Ayuntamiento romper cualquier acuerdo
La contratación de dicho alquiler se realizó, inicialmente, a dedo y con la excusa de instalar ahí servicios de atención al ciudadano, oficina de turismo y el servicio de Padrón. Sin embargo, esta excusa ya quedó descartada con una grabación de una comisión de 2007 en la que Javier Maroto descartaba ya que en ese lugar se fuese a instalar la Oficina de Turismo: “La oficina de turismo no va a ir a estos locales, esto no quiere decir que podamos utiliza restos locales de apoyo. No tenemos intención de trasladar la oficina de turismo a estos servicios”.
En aquellas declaraciones Maroto (entonces concejal de Hacienda), aseguraba que “no tiene sentido que entren por la misma puerta las personas de padrón y los turistas”. Además, según esas grabaciones Maroto anunció en 2007 que existía una opción final de compra, algo de lo que no se ha vuelto a saber.
Con estas grabaciones se desmontaba el primer argumento sostenido hasta este momento por el Equipo de Gobierno respecto al alquiler. Hasta ahora Ainhoa Domaica, portavoz del Gobierno, había argumentado la necesidad de alquilar el local porque necesitaban un espacio amplio para poder cubrir las necesidades.
Las conclusiones también establecen que, desde el primer momento, el Ayuntamiento se adaptó a las exigencias de Gonzalo Antón. Numerosos correos electrónicos probaban que había sido la sociedad privada la que en todo momento había llevado la iniciativa en la negociación.
- Informes de valoración
El Departamento de Urbanismo valoró inicialmente el alquiler del inmueble en 10.168€/mes por 10 años (actualización del IPC). Sin embargo posteriormente la empresa emitió una contraoferta de 18.500€/mes, casi el doble.
Finalmente la propuesta resultante quedó establecida en 12.500 €/mes para 20 años, con unas actualizaciones anuales desbocadas. Esta propuesta que salió adelante le permitían a la empresa establecer unas ganancias totales más de 6 millones de euros, algo desbocado pese a ser 2007. Y hay que recordar que toda la adecuación del inmueble ha sido pagada por el Ayuntamiento.
- Imagen del contrato analizado
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