La crisis también se ceba con los trabajadores discapacitados

17 junio, 2014

Desde que Nagore cumplió 18 años no ha dejado ni un sólo día de luchar por los derechos laborales de las personas discapacitadas. Hoy tiene 24 años, pero las ideas muy claras y, sobre todo, ganas de denunciar los incumplimientos reiterados de las normas y las leyes por parte de las empresas y del sector […]

Desde que Nagore cumplió 18 años no ha dejado ni un sólo día de luchar por los derechos laborales de las personas discapacitadas. Hoy tiene 24 años, pero las ideas muy claras y, sobre todo, ganas de denunciar los incumplimientos reiterados de las normas y las leyes por parte de las empresas y del sector público. Ella sufre en primera persona las consecuencias de estas actitudes.

Nagore recuerda que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de contratar a trabajadores discapacitados. La cuota debe ser del 2%, según establece la ley, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo la realidad es bien diferente: “Las empresas no cumplen con la Ley y las multas que les imponen son ridículas, así que hacen lo que les da la gana”. La contratación de personas con discapacidad superior al 33% supone además un ahorro para las empresas, ya que están exentas de pagar la Seguridad Social de estos trabajadores: “¿Cómo no se conciencia a los empresarios si se ahorran dinero?”.

Durante estos seis años Nagore ha intentado personalmente llegar a aquellos que tienen capacidad de decisión, para que sean ellos, los políticos, los primeros que hagan cumplir la norma y den ejemplo. Sin embargo hasta el momento se ha dado contra un muro. En los últimos meses ha sido recibida por el Alcalde Javier Maroto y por el concejal socialista Peio López de Munain, pero Nagore reconoce que no son ellos los que pueden transformar esta situación, más allá de las buenas palabras que le hayan ofrecido.

Sin políticos discapacitados

Eso sí, lamenta que ni la clase política dé ejemplo. El Congreso de los Diputados no cuenta con ningún político discapacitado y los políticos discapacitados son algo testimonial, hasta el punto de que, si alguno jura su cargo, acaba convirtiéndose en noticia. Para Nagore el objetivo está en concienciar a quienes nos gobiernan. Que desde el Gobierno Central y Europa se apueste por imponer sanciones más duras a aquellos que no cumplan la normativa.

En los últimos años se han multiplicado los Centros Especiales de Empleo, destinados a la inserción de personas discapacitadas. Sin embargo, Nagore cree que hay que ir más allá de estos centros, en los que los salarios suelen ser cercanos e, incluso, inferiores al SMI. “Si yo puedo trabajar puedo hacerlo en una empresa normal, no tengo por qué hacerlo necesariamente en un Centro Especial de Empleo”.  Indesa es el mayor de estos centros de  trabajo, gestionado por la Diputación Foral de  Álava.

Nagore denuncia asimismo que ni siquiera en las empresas públicas se cumple con el número de plazas destinado a discapacitados, como puede ocurrir con la próxima convocatoria de la Ertzaintza: “La Ertzaintza no es sólo los que patrullan por la calle, también el personal administrativo, y ahí tienen hueco las personas discapacitadas”.

Discapacidad invisible

Nagore también hace hincapié en la discapacidad no visible: “Una persona ciega, en silla de ruedas o incluso con síndrome de Down tiene una discapacidad visible, pero hay muchas personas con esa discapacidad invisible a simple vista”. Personas que pueden trabajar, aunque algunas de ellas no en las mismas condiciones: “Yo por ejemplo soy independiente y puedo trabajar una jornada de ocho horas, pero hay personas que, por su discapacidad, sólo pueden trabajar 5 o 6 horas al día, y esto no se respeta”.

Su objetivo es que desde el Gobierno Central se insista en el cumplimiento de la ley. Su objetivo es hacerle llegar estas denuncias al presidente del Gobierno y a los Diputados, pero de momento las cartas  que envía vuelven con respuestas estándar y formularios que no solucionan en nada el problema.

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