Economía de guerra en la Dipu

| 11 octubre, 2011

La situación de la Diputación es insostenible. El Gobierno de Andrés lleva días avisando de la necesidad de acometer reformas y recortes para garantizar la viabilidad futura de las arcas forales. El privilegio de los Fueros tradicionales permite a Álava (junto a Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) tener el privilegio de ser ellos los entes recaudadores, […]

La situación de la Diputación es insostenible. El Gobierno de Andrés lleva días avisando de la necesidad de acometer reformas y recortes para garantizar la viabilidad futura de las arcas forales.

El privilegio de los Fueros tradicionales permite a Álava (junto a Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) tener el privilegio de ser ellos los entes recaudadores, y no tener que esperar a recibir del Estado la parte correspondiente. Al mismo tiempo existe cierta autonomía fiscal, pese a que desde Europa vienen exigiendo una y otra vez que se armonicen las cinco Haciendas existentes en el Estado (Canarias es un territorio de Ultramar y por ello también tiene cierta autonomía).

Sin embargo, el agujero de 96 millones llega ahora precisamente fruto de varios errores y contenciosos sobre la autonomía fiscal de Álava. Al margen de los 20 millones menos que se recaudarán, hay que devolver al Estado otros 20 millones de euros por el IVA de Rover y hay 56 millones más en concepto de las denominadas vacaciones fiscales. Un dinero que hay que devolver pero que el PNV se gastó y por tanto no está en las arcas forales.

Pese a ello, el objetivo que, desde un principio se ha marcado De Andrés es el de no subir los impuestos. Es más, insiste en que si se produce alguna modificación fiscal será en todo caso para acometer una bajada fiscal, que premie la creación o el mantenimiento del emepleo. Puede sorprender a alguien que, en plena caída y desplome de la recaudación se hable de bajar los impuestos.

Pero De Andrés sigue el principio liberal más antiguo: una bajada de impuestos provocará un impulso a la actividad económica y, por ello, aumentará la recaudación, fruto del mayor consumo y la recuperación del empleo.

Esta medida no siempre tiene el efecto esperado, pero siempre suele acabar siendo más positiva para los ciudadanos, que ven cómo se reduce la presión fiscal. Una rebaja en el Impuesto de Sociedades puede resultar beneficiosa para la economía. Ya hace dos años Zapatero rebajó cinco puntos dicha tasa para las pymes, pero entonces la medida no tuvo su efecto, ya que sólo estábamos ante el inicio de la crisis financiera y económica más importante desde 1945.

Realmente ya ni los economistas más avispados saben cuál es la mejor receta contra la crisis. Mientras en Europa se apuesta por contener el gasto público, en EEUU Obama no hace sino aumentarlo, elevando el techo de deuda. Sí parece claro que en este y el otro lado del Atlántico el consenso aboga por elevar los impuestos a los más ricos. Una medida que puede resultar populista, y cuyo efecto es más de castigo a los ricos que de despegue de la recaudación.

Sea cual sea la estrategia futura de la Diputación, ésta debe ir acompañada de medidas estructurales que cambien alguno de los males endémicos de la institución. La Diputada de Bienestar Social, Marta Alaña, insistía en la necesidad de rebajar el coste de las plazas de residencia propiedad de la Diputación. Esta estrategia ya la inició el anterior gobierno de Xabier Agirre, gracias a la colaboración público-privada. De esta forma, las nuevas plazas de residencia puestas en marcha en el último año cuestan menos de la mitad que las que vienen funcionando desde lejos.

La concertación parece ser la solución para abaratar la mayoría de los servicios del Estado del Bienestar. Es una medida que ya ha puesto en práctica desde hace años la Comunidad de Madrid. Allí hace años que el servicio madrileño de Salud no construye un hospital. El Gobierno regional adjudica a una empresa la construcción del edificio, que al mismo tiempo se encarga de su gestión durante X años, manteniendo el servicio y la contratación a cambio de un pago mensual. De esta forma, el Gobierno autonómico no tiene que pagar gastos imprevistos ni mantiene gastos de personal público.

Los detractores del sistema denuncian que se trata de una privatización encubierta y que el afán de las empresas por reducir el gasto puede reducir la calidad de la. Sin embargo, sigue siendo el Estado quien paga estos servicios de los que disfrutan los ciudadanos, y a un coste menor.

En Álava, PP y PNV comparten un modelo de gestión residencial que ya lleva años implantado en Gipuzkoa y Bizkaia. Falta por ver cómo se plasma en los próximos ejercicios, y si alguna de las residencias públicas pasan a ser concertadas. Y de los impuestos, probablemente en los próximos días tengamos noticias de modificaciones fiscales. Habrá que ver si se mantiene la armonización y quién gana la batalla.

 

 


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