El corrupto Alfredo de Miguel representa al Gobierno Vasco ante otras instituciones

Alfredo de Miguel está condenado a 13 años de prisión por corrupción. El ex dirigente del PNV fue detenido en 2010 cuando era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial.

En 2019 la Audiencia Provincial de Álava lo condenó por hechos probados aunque el político recurrió al Supremo y por ello la sentencia está pendiente de ser firme. A día de hoy Alfredo de Miguel sigue trabajando en Hazi, donde tiene un puesto de trabajo indefinido. Puesto que va más allá de una labor meramente interna.

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El propio Alfredo de Miguel ha ejercido como representante de Hazi y, por tanto, del Gobierno Vasco, en diversos foros. Incluso, según reveló Eldiario.es, De Miguel es también ‘manager’ de la sociedad dependiente de Hazi Itsas Garapen Elkartea.

En estos años De Miguel ha seguido trabajando en empresas públicas del Gobierno Vasco, y ha escalado posiciones internas en Hazi, mientras en los tribunales se le juzgaba por corrupción. Incluso, De Miguel ha representado a esta sociedad pública ante el Gobierno Central, ante la UE y ante otras comunidades autónomas.

Desde Hazi justifican que el puesto que ostenta Alfredo de Miguel es de promoción interna, un puesto vacante que ha conseguido a través de un ascenso. El de Hazi (entonces IKT) era uno de los dos puestos de trabajo en excedencia que tenía Alfredo de Miguel cuando fue detenido por corrupción. El otro era en Sprilur, sociedad de suelo industrial del Gobierno Vasco.

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Precisamente Alfredo de Miguel está condenado a 13 años de prisión por crear una sociedad para cobrar comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas. La sentencia del caso dejó clara la relación de parte del PNV con este caso de comisiones ilegales.

Al mismo tiempo, Hazi cuenta con un convenio colectivo que establece la posibilidad de despido para condenados. En este caso, aunque De Miguel está condenado en primera y segunda instancia, aún está pendiente la revisión del Supremo. Y por eso Hazi justifica que no se le despide porque la condena no es firme.

Aún así todos los partidos salvo el PNV han exigido responsabilidades al Gobierno Vasco por dejar que una personas condenada represente a la institución. El PSE ha exigido que no represente al Gobierno Vasco, aunque reconoce que hay que mantenerle en el puesto técnico que tiene. También el PP, EH Bildu y Elkarrekin han exigido explicaciones al Gobierno Vasco.