El Gobierno Vasco privatiza las VPO

El Gobierno Vasco ha sacado a concurso la venta a un inversor privado de 1.563 viviendas en Vitoria Gasteiz. Estas viviendas de protección oficial, algunas ya iniciadas, otras construidas e incluso algunas sin ejecutar, forman parte de un paquete de 3.000 que el ejecutivo autónomo ha decidido vender, y por las cuales obtendrá 322 millones de euros.

El concurso salió el pasado mes de julio, y en los próximos días se conocerá el adjudicatario. El Gobierno Vasco perderá de esta forma patrimonio, y pese al ingreso superior a 300 millones de euros, realizará luego un arrendamiento por el cual deberá pagar a lo largo de 20 años 430 millones.

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El PNV ha denunciado que con esta operación el Gobierno Vasco sólo pretende conseguir dinero fácil mediante la desaparición de un importante patrimonio público y supone un grave golpe a los intereses de la ciudadanía.

Además, Gorka Urtaran ha llamado la atención sobre las dudas legales que genera la operación de venta de viviendas propuesta por el Gobierno Vasco. Y es que, asegura, esta propuesta de privatización incumple normativas como la legislación de Viviendas de Protección oficial (en sus artículos referentes al establecimiento de precios y la calificación jurídica), la Ley de Suelo y Urbanismo (en lo tocante al régimen de patrimonios públicos y calificación urbanística) y la Ley de Patrimonio de Euskadi (en lo relativo al procedimiento de adjudicación). “En estas condiciones de inseguridad jurídica, es una absoluta temeridad impulsar una privatización de estas características”, recalca Urtaran.

La propuesta del Gobierno vasco paasa por establecer posteriormente un arrendamiento que, según el PNV, se sitúa en los 700 euros mensuales de media por vivienda. Este precio, según denuncian desde el PNV, es el de una vivienda libre y no el de una VPO.

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“Comparado con una economía familiar, el negocio que está promoviendo el gobierno de Patxi López apoyado por el PP, sería similar a vender una vivienda heredada de nuestros padres, destinar el dinero de la venta a otras necesidades y quedarnos en la misma como inquilinos, dejando a nuestros hijos el compromiso de pagar el alquiler en un futuro. En definitiva, se trata de un sinsentido que destruye patrimonio, compromete nuestro futuro económico y recorta el carácter social de una política pública”, ha concluido Gorka Urtaran.