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El Parlamento Vasco entierra las 37.000 firmas de Ayudas Más Justas
Los grupos rechazan debatir sobre la ILP que recogió 37.000 firmas
No habrá debate en el Parlamento Vasco sobre la reforma del acceso a la RGI. No lo habrá, al menos, sobre la base de la propuesta de Ayudas Más Justas. Todos los partidos salvo el PP han rechazado debatir esta propuesta en el Parlamento Vasco, y han acusado a Maroto de "manipular a los ciudadanos.
Desde el PP Maroto ha lamentado que “hoy, los que hablan de participación y de escuchar más son los mismos que en el Parlamento Vasco cierran la puerta a 40.000 vascos q han dicho ayudas sí, abusos no”. “Aquí no hay ningún problema ni con razas ni etnias, sólo con quien abusa del sistema, sea quien sea”, ha insistido. La popular Laura Garrido también ha calificado de "ejercicio de cinismo e hipocresía política" el haber impedido que la propuesta saliera adelante.
La propuesta de la ILP surgió cuando Maroto, en pleno debate por sus acusaciones sobre los inmigrantes, planteó modificar las condiciones de acceso a la RGI. El alcalde hizo de esta propuesta su bandera de precampaña electoral, generando al mismo tiempo rechazo y adhesiones.
Maroto, en lugar de presentar en el Parlamento Vasco una moción, optó por recurrir a la presión popular: una plataforma llamada Ayudas Más Justas cogió el guante del alcalde y reunió 37.000 firmas en apoyo a la modificación de la RGI. En medio del debate su portavoz tuvo que dimitir al descubrirse que él mismo había defraudado a la Seguridad Social. Además surgió una contraplataforma llamada Gora Gasteiz. También hubo polémica por la actuación de Maroto en la recogida de firmas al ser reciminado por algunos viandantes.
La oposición ha acusado una y otra vez al ex alcalde de intentar generar crispación, y precisamente esta política de Maroto acabó por unir al resto de grupos políticos en su contra el pasado 13 de junio.
- Propuestas de la ILP
La propuesta rechazada modifica algunos requisitos. Aboga por tener residencia legal en el País Vasco y acumular cinco años de residencia en el País Vasco dentro de los últimos diez años. O acreditar, mediante la correspondiente vida laboral, al menos cinco años de actividad laboral remunerada. Además aboga por excluir del patrimonio tanto la vivienda habitual como “otros inmuebles de escaso valor en los términos que se determinen reglamentariamente”.
La propuesta también propone excluir de la percepción de RGI a quienes cuenten con determinados antecedentes penales, y aboga por que los perceptores en edad y condiciones de trabajar puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad. También se incluye la propuesta de establecer un complemento para pagar la electricidad.
La propuesta también pide prohibir el envío de remesas al exterior, y se reclamará en caso de cobrar el complemento de vivienda, la documentación mensual que justifique. Por último se pide que “no se consideren rendimientos computables los préstamos bancarios obtenidos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional”.
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