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El PSE insinúa que Alfonso Alonso pudo favorecer a Sufi con un concurso público a la carta
El Grupo Municipal Socialista ha decidido finalmente trasladar a la Audiencia Nacional los documentos relacionados con la adjudicación del contrato de la planta de residuos de Gardelegui que el PP hizo en 2005 a la empresa SUFI, implicada en la trama Gürtel. Esta información también ha sido trasladada a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos […]
El Grupo Municipal Socialista ha decidido finalmente trasladar a la Audiencia Nacional los documentos relacionados con la adjudicación del contrato de la planta de residuos de Gardelegui que el PP hizo en 2005 a la empresa SUFI, implicada en la trama Gürtel. Esta información también ha sido trasladada a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales). Desde el PSE han asegurado que sospechan de que el Gabinete de Alfonso Alonso pudo aplicar un pliego de condiciones a la carta con el fin de beneficiar a la firma adjudicataria.
El PSE quiere que el juez Ruz investigue esta circunstancia, nada extraña en la manera de operar de la trama Gürtel, como así lo demuestra la declaración de un técnico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quien aseguró ante el juez haber recibido de manos de un concejal el pliego que debía regir un concurso público.
En el caso de Vitoria, las sospechas del Grupo Socialista surgen por la aplicación en el concurso de una cláusula en la que se exigía a las empresas concurrentes la obtención de una puntuación mínima en la valoración económica. “Nunca se había pedido en Vitoria y nunca se ha vuelto a pedir en un contrato de las mismas características. Aplicaron una cláusula que es única en este tipo de contratos en el Ayuntamiento" ha denunciado Patxi Lazcoz, portavoz del PSE.
A la aplicación de esta clausula excepcional hay que sumar "la complejidad de los criterios de valoración económica. Parecen ininteligibles. Ni siquiera aparecían en el pliego las formulas matemáticas que debían aplicarse". A consecuencia de todo ello, fueron eliminadas cuatro de las cinco firmas presentadas a concurso. Sólo quedó SUFI.
"Sospechamos que el pliego de condiciones se hizo a la carta y que sólo había una empresa familiarizada con él, la que ganó el concurso". El PSE basa su acusación en "la cláusula económica “excepcional”, las preguntas al Gobierno sin responder, la pérdida de expedientes y el retraso en la emisión de certificados que han rodeado el caso SUFI".
"No caeremos en el error de afirmar que se cometió una ilegalidad, pero sí hay suficiente información, con todas las cosas tan raras y extrañas que han sucedido, para que ahora el juez Ruz decida si merece la pena investigar", ha concluido Patxi Lazcoz.
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