Álava no penalizará los rescates de EPSV en trabajadores en ERTE

| 5 mayo, 2020

Rueda de prensa del Diputado General de Álava y el Diputado de Asuntos Sociales

El Diputado General de Álava ha explicado que los datos del paro de abril llevan a Álava tres años atrás. Ramiro González ha alertado también de la situación en la que se encuentran numerosas empresas alavesas, dependientes de la exportación.

Álava dejará de recaudar el 20% de los impuestos, lo que tendrá su repercusión lógicamente en la previsión de gasto. Hoy Ramiro González ha urgido a modificar la norma para que Álava se pueda endeudar, algo que ahora mismo no es posible: “Se ha hecho una gestión seria y rigurosa, y estamos en condiciones de acudir a deuda”.

Y es que, según ha recordado el mandatario alavés, “la fiscalidad también es una herramienta para combatir esta crisis”. Y la Diputación alavesa ha decidido aprobar nuevas medidas dirigidas a flexibilizar más las obligaciones tributarias y a mejorar la liquidez de los hogares. “Queremos ofrecer tranquilidad en estos días de incertidumbre”, ha añadido.

Una de las medidas más novedosa es el tratamiento fiscal que se establecerá para quienes rescaten parte del ahorro en EPSV o planes de pensiones. Concretamente, la Hacienda no penalizará estos rescates en los casos de los alaveses y alavesas más afectados por la crisis, es decir, trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena en ERE o en ERTE, y también personas trabajadoras autónomas. Se ampliarán también los plazos para la obtención de beneficios fiscales, como la cuenta vivienda o las deducciones por reinversión tras la venta de la vivienda habitual. “Es una medida de importante calado para las familias”, ha apuntado González.

El tejido económico contará también con nuevas medidas como la flexibilización de los fondos europeos de inversión para la innovación y la financiación económica. También se ampliarán plazos en el Impuesto sobre Sociedades para la reinversión y materialización de inversiones.

Asimismo, se establecerán nuevos plazos para la presentación de las autoliquidaciones no periódicas, como las correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales o las del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la misma línea, se flexibilizan los plazos para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en los casos afectados por el inicio de la declaración del estado de alarma y la suspensión de determinados procedimientos administrativos. Todo ello con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica a la ciudadanía.

Finalmente, se retrasará la notificación electrónica obligatoria, inicialmente prevista para el 1 de junio de 2020.


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