El Supremo anula la expulsión de los 4 ex junteros díscolos de Podemos

| 14 julio, 2020

El Supremo considera la expulsión desproporcionada, pese a que la conducta de los junteros fue sancionable

El Tribunal Supremo ha anulado la expulsión de los cuatro junteros de Podemos en Álava. El partido expulsó a los 4 junteros, aunque los cuatro mantuvieron su acta como procuradores hasta el final de la legislatura en mayo de 2019. Hace ya un año los tribunales alaveses anularon la expulsión, lo que ha confirmado ahora el Supremo. Javier Bizarro, Juanjo Celorio, Koldo Martín y Dani Trujillano podrán volver a ser militantes de Podemos, aunque en la práctica no tendrá más relevancia.

El expediente iniciado por Podemos se basó inicialmente en el desacato a la disciplina de partido en el voto de Presupuestos, aunque el conflicto entre la dirección de Podemos y los 4 junteros se remonta tiempo atrás, con acusaciones incluso de utilización de fondos para fines personales. Los 4 junteros explicaron entonces su postura y criticaron la adoptada por el sector oficial del partido. “También publicitaron en las redes sociales la creación de una plataforma de afiliados de Podemos en Álava disconforme con la línea oficial”, recuerda el Tribunal Supremo.

podemos alava

El Tribunal Supremo considera que “la conducta de los demandantes, al no acatar el acuerdo de Podemos sobre el sentido del voto a los presupuestos, constituyó una conducta susceptible de ser sancionada“.

Pero al mismo tiempo estima que “la sanción de expulsión (que es la máxima restricción que puede ponerse al derecho de asociación del afiliado), por su desproporción, infringió el derecho de los demandantes tanto a su libertad de expresión como a permanecer en el partido y participar en su actividad y organización”.

En realidad, según el Alto Tribunal, “la expresión pública de una discrepancia por parte de los afiliados no supone por sí sola una deslealtad con el partido justificativa de una sanción, y menos aún de la sanción de expulsión, que es la máxima que puede imponerse a un afiliado”.

“La previsión en los estatutos, como conducta sancionable, de la desobediencia del afiliado (y en concreto, del que ostenta un cargo público) a las decisiones de los órganos es acorde con la naturaleza y los fines del partido político. Por ello, la adopción de medidas disciplinarias contra afiliados que ostenten cargos públicos representativos por actuaciones realizadas en el desempeño de tales cargos que supongan un daño para la cohesión interna del partido, no es en sí misma ilícita, siempre que afecten al sancionado en su condición de afiliado al partido y no supongan la restricción ilegítima de los derechos y facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función
representativa”, concluye el Supremo: “Una sanción desproporcionada afecta ilegítimamente al derecho del asociado a permanecer en la asociación.


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