"Estamos desesperados: pagamos nuestros gastos y los de nuestra inquilina"

Miren y Aitor son los nombres ficticios de una pareja vitoriana. Prefieren no identificarse. Pero sí quieren dar a conocer la situación tan complicada e "insostenible" que viven desde hace tres años. El mismo tiempo que hace que su inquilina dejó de pagarles el alquiler y los gastos.

"No podemos más: estamos pagando nuestros gastos y los suyos", desvela esta familia numerosa. Tienen tres niños pequeños y un solo sueldo en casa. Por eso piden ayuda a las instituciones para que busquen un nuevo alojamiento a su inquilina y sus dos hijos.

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De esa forma, ellos recuperarán el piso de su propiedad. Para conseguirlo, "a veces hasta nos hemos planteado olvidar los 14.000 euros que nos debe".

"No queremos dejarla en la calle con dos criaturas, claro que no. Solo que la reubiquen. Pero no podemos seguir manteniéndola. Necesitamos poder utilizar ese piso y recuperar nuestros ahorros perdidos", piden.

Gastos sin pagar

La vivienda está situada en el barrio de Coronación.

En su momento, Miren y Aitor tomaron la decisión de que ella dejara de trabajar para poder dedicar tiempo a los pequeños. Con una única fuente de ingresos, optaron por alquilar una segunda vivienda en el barrio de Coronación. En 2017 nada hacía presagiar lo que ocurriría.

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Fue entonces cuando se lo alquilaron a su actual inquilina. "Llegó con su pareja y una niña pequeña. Fueron muy agradables y no tuvimos ningún problema. Dos años después, en verano, se separó pero nos aseguró que quería seguir. Que podía hacer frente a los gastos ella sola. Y se trajo a su hijo, que vivía fuera", explican.

La gestoría iba a llevarles a juicio porque las facturas de esta vivienda no se pagaban desde hacía tiempo

Eso sí, negociaron una rebaja del alquiler. De 650 euros pasó a 600 euros mensuales. "Es un piso de casi 70 metros cuadrados y tres habitaciones. Lo vemos bastante asequible para los precios que hay ahora", justifican.

Todo continuó sin problemas. Su viacrucis comienza en 2020 con la pandemia. El confinamiento hizo estragos entre la hostelería, y ella no se libró. "Cerró el bar. Nos dejó de pagar el alquiler. Lo entendimos y le dimos tiempo", aseguran. Una llamada de la gestoría encargada de la vivienda despierta las primeras alarmas. Hay que hacer frente a los gastos de luz, agua fría y caliente y calefacción.

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"Nos llaman para decirnos que nos van a llevar a juicio porque había unas deudas importantes. Que ella no pagaba los gastos de la casa desde 4 meses antes de entrar en pandemia", cuentan. Para evitarlo, se hacen cargo también de todos estos importes.

Orden de deshaucio

Septiembre de 2020. No hay avances. Aitor habla con la inquilina. "Me había dicho que estaba pendiente de unas ayudas que Alokabide daba para el alquiler", recuerda. Pero al preguntar al personal de este servicio, le desmienten que exista dicha subvención.

Siguiente paso, acuden a un abogado para informarse sobre los posibles pasos a seguir. El letrado adopta la vía judicial. Y, en verano de 2021, un juez decreta el lanzamiento de deshaucio (permite al arrendador recuperar el inmueble por el impago de las rentas). Lo fija para el 26 de octubre de ese año.

"En ese tiempo, es cierto que ella pagó algunos meses de alquiler. Un pequeño ingreso con el que hacíamos frente al abono de sus gastos, que no pagaba", recalcan.

"Hacemos frente a nuestros gastos y los suyos con los ahorros que teníamos"

Antes de que se haga efectiva la orden judicial, el asunto llega a los Asuntos Sociales del Ayuntamiento. "Allí la asistente social le  hizo un escrito donde reflejaba su situación de alta vulnerabilidad. Un abogado de oficio lo presentó y, con la ley actual, que además se ha prorrogado este año, se suspendió el deshaucio", explican.

"No queremos dejarla en la calle, pero esto es insostenible. Estamos haciendo frente a nuestros gastos y los suyos con los ahorros que teníamos, que eran para el futuro de nuestros hijos", lamentan. Unas facturas que, critican, no son nada baratas.

Facturas elevadas

Desvelan que el último recibo del agua caliente sanitaria fue de 525 euros (34 metros cúbicos) y el de calefacción, de 225 euros. "En nuestra casa, pagamos por el agua caliente 35 euros cada dos meses (2 metros cúbicos) y, en diciembre, la factura de calefacción fue de 32 euros", comparan.

Claro que, reconocen, procuran ajustarse el cinturón y apuran al máximo encenderla. "Hay días que estamos en casa a 16 grados, ¿es normal estar así?", cuestionan.

Esta pareja ha acudido a su asistente social para pedir una vivienda para su inquilina

Gastos que se acumulan y que cada mes se reflejan en una cuenta descendente. Una preocupación constante que palian unas ayudas del Gobierno Vasco que han tenido que solicitar para no quedarse en números rojos. "Son ayudas a los propietarios por suspensión del lanzamiento de deshaucio. Primero pagamos, luego presentamos los recibos y nos dan la subvención", narran.

Critican que es el único apoyo institucional que han obtenido. Porque también ellos han acudido a los servicios sociales municipales. No buscan ayuda para su familia, si no para la de ella. "Queremos que le busquen una vivienda social a la que pueda hacer frente. Pero otras veces que he hablado con mi asistente social me ha dicho que eso no les compete", se extraña Miren.

Desesperación

Incluso, han solicitado reunirse con Gorka Urtaran y con Jon Armentia, concejal de Políticas Sociales. No han recibido respuesta.

"No somos ni un banco ni grandes propietarios, solo unos trabajadores"

"Estamos desesperados. Mi marido está metiendo horas en el trabajo. Las ayudas del Gobierno Vasco acaban en junio y no sabemos cuánto va a durar esta situación", insiste Miren. "Quiero que nuestros hijos vivan tranquilos, que podamos poner la calefacción tranquilos", apura.

Sus palabras transmiten la tensión que atraviesan. "Es muy complicado. Nadie sabe por lo que estamos pasando. Estamos todo el día preocupados. ¿Quién nos tiene en cuenta como propietarios?", clama Aitor.

"Llevamos así tres años y lo que nos queda. Ahora mismo, no vemos ninguna luz sobre este asunto. Entiendo la vulnerabilidad, pero no a costa de los trabajadores. No somos un banco ni unos grandes propietarios, solo unos trabajadores", plantean.