La homologación de títulos en Euskadi preocupa a los profesionales extranjeros

Preocupación entre los profesionales extranjeros de Euskadi por la sentencia del Tribuna Supremo que suspende el traspaso de competencias para homologar los títulos universitarios.

La sentencia, conocida el pasado viernes anuló el Real Decreto 366/2024 de 9 de abril, que traspasaba "las funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español".

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Clave para Osakidetza

Una medida clave para el País Vasco, sobre todo en lo que a Osakidetza respecta, ya que urgía para paliar el déficit existente de personal sanitario. En ese sentido, el propio consejero de Salud, Alberto Martínez, ha pedido al Ministerio de Sanidad que actúe con "responsabilidad" porque Osakidetza "no puede esperar más". "Necesitamos la homologación de los títulos de Medicina y especialización", ha recalcado.

Y así lo reconocen también desde Prestaturik, la Asociación de Profesionales Extranjer@s de Euskadi. "En particular, este fallo afecta gravemente al sistema de salud público Osakidetza, que enfrenta una creciente escasez de profesionales sanitarios, y dificulta la incorporación de nuevos talentos que podrían contribuir significativamente a paliar esta crisis", han señalado.

El colectivo ha mostrado su "más profunda preocupación y disconformidad" ante la decisión judicial. Consideran que afecta a un "proceso clave" para la integración de profesionales en el ámbito laboral en Euskadi.

Y que "agrava una situación ya delicada" para quienes han apostado por su futuro en la comunidad autónoma. Ahora, se encuentran con la "incertidumbre" de cuál va a ser su futuro.

Críticas a colegios profesionales

Desde Prestaturik consideran que la sentencia va contra "los intereses" de los profesionales extranjeros y cualificados "que desean aportar experiencia y conocimientos al servicio de la sociedad vasca".

Y critican a "ciertos" colegios profesionales por considerar que la homologación debe seguir siendo centralizada. Les acusan de "poner obstáculos a un proceso vital para la mejora de nuestro sistema de salud y otros sectores económicos".

En ese sentido, recuerdan que las personas extranjeras se someten a procesos que pueden durar más de dos años para recibir dicha homologación. Y denuncian que este fallo judicial genera "un daño directo a la estabilidad laboral de muchos profesionales". Por eso, hacen un llamamiento "a las autoridades competentes" para buscar una solución que permita transferir esta competencia. Y así, con una gestión más cercana, los plazos podrían acortarse.

La burocracia

Porque lograr el título universitario español es un laberinto. Entran en juego muchos factores. Primero el país de procedencia. Los de la Unión Europea son los más sencillos. Luego, los firmantes del convenio de La Haya de 1961 (de ahí lo de la apostilla de La Haya, una autenticación que emiten las autoridades de cada país en cuestión).

También la carrera cursada implicará recorrer un camino más o menos largo. Profesiones como las de administración y dirección de empresas, humanidades o matemático no están reguladas en España, por lo que habría que realizar una equivalencia del título.

En ocasiones, las diferencias entre los estudios de cada país obligan a convalidar algunas asignaturas. Requiere apuntarse en universidades españolas, cursar las materias y obtener nuevos créditos.

En cambio, hay más de 30 profesiones, como médicos, odontólogos, farmacéuticos o ingenieros, que sí están reguladas y deben homologarse. Para ejercer, en algunas basta con cursar y aprobar los años de carrera estipulados.

En otras, hay que cursar un máster, que puede ser o no específico de la titulación, y cumplir otros requisitos. Así, los dentistas deben someterse a un examen para homologarse.

¿Qué dice el Supremo?

El origen de esta situación comenzó en marzo de 2024 cuando los Gobiernos Vasco (con Iñigo Urkullu a la cabeza) y Central, a través la Comisión Mixta de Transferencias, oficializaron tres traspasos: la gestión de los Cercanías de Renfe, la acogida de migrantes y la homologación de estos títulos.

Sin embargo, en julio de ese mismo año, el Supremo ya suspendió de forma cautelar esta última transferencia. Y ahora se ha refrendado en lo mismo. Aduce que es un tema de interés general y, como tal, competencia exclusiva del Estado. Y aduce la doctrina del Tribunal Constitucional.

"Si a actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos", recoge en su sentencia.

Añade que "no hay razones para entender que no sea estatal, de acuerdo con el artículo 149.1 30ª de la Constitución, la competencia administrativa de verificación de los cursos conducentes a los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador y no lo sea la de verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros que habilitan para ejercer profesiones tituladas. Y esto significa que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado. Por tanto, no caben traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en los términos en que se ha efectuado por el Real Decreto 366/2024 y el Acuerdo que contiene".