La indemnización de 3,36 millones que Vitoria busca en Júndiz

Vitoria-Gasteiz busca una indemnización de 3,36 millones de euros en Júndiz. Para entender esta historia, debemos remontarnos 20 años atrás. La acción se sitúa en el Centro de Servicios de Júndiz. En 2004, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz inicia un expediente para enajenar por concurso tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y social.

El objetivo era crear un área de servicios en dicho parque industrial. Un año después, en 2005, se adjudican por 4,59 millones de euros. Su plazo de ejecución era de 30 meses, por lo que se preveía que estuvieran listas en 2007.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Años a vueltas

Sin embargo, según ha desvelado EH Bildu, no será hasta 2010 cuando el Ayuntamiento recepcione las obras "de forma definitiva". Otros 5 años más tarde, ya en 2015, un informe municipal constata que la empresa "no ha realizado todo lo prometido".

Al parecer, dichas infracciones incumplidas serían la "construcción de un edificio sanitario, un museo del vino, parcialmente las instalaciones deportivas y la urbanización de una parcela en su totalidad".

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero el tiempo siguió su curso sin más noticias. Ya en 2018, el Departamento de Promoción Económica asumía el informe correspondiente. Un lustro después, en 2023, tasa en 3,36 millones el coste de dicho incumplimiento, que los promotores deben abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Indemnización "por daños y perjuicios"

Otro salto temporal más adelante, este tan solo de un año, nos sitúa en diciembre de 2024. Con todos los informes anteriores, la Junta de Gobierno Local resuelve iniciar un expediente de indemnización "por daños y perjuicios causados".

También aprueba incautar, provisionalmente, la garantía definitiva, de 212.999,43 euros, consignada para cumplimiento del contrato. Hasta aquí, pese al tiempo transcurrido, parecía que todo en orden.

"Los promotores originales deben al Ayuntamiento y la ciudadanía 3,36 millones", exige EH Bildu

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero en enero de este 2025, el Ayuntamiento revoca dicho expediente y lo sustituye por un "requerimiento del cumplimiento de contrato". Es decir, en vez de reclamar directamente el dinero de la indemnización, pedir a la empresa que ejecute lo acordado.

Algo por lo que EH Bildu pide ahora explicaciones. "Es una autoenmienda a la totalidad que se ha hecho a sí mismo el gobierno municipal. Retira esta reclamación por incumplimiento de obras de un contrato adjudicado hace 20 años", denuncia Aitziber Salazar.

La edil de EH Bildu considera que "los promotores originales deben al Ayuntamiento y a la ciudadanía de Gasteiz 3,36 millones de euros. No podemos permitir que la administración no funcione igual para toda la ciudadanía, y prime intereses económicos frente al interés general".

Cambios al reclamar la indemnización

El razonamiento desde el Gabinete Etxebarria es diferente. Fuentes municipales aseguran a Gasteiz Hoy que "no renunciamos a los 3,36 millones de euros. Estamos ajustando la tramitación a la naturaleza del contrato".

La resolución más reciente, fechada a finales de enero de 2025, hace referencia a eso mismo. En ella, se indica que la naturaleza de dicho contrato para la enajenación de las tres parcelas es la de un "contrato privado". Y, como tal, debe regirse por lo dispuesto en la legislación patrimonial de las administraciones públicas y en las normas de derecho privado.

Así, según el artículo 1124 del Código Civil, lo "adecuado y procedente" es instar primero a la empresa contratista, en este caso Servicios Empresariales Júndiz S.L. "al cumplimiento del contrato". Y, de forma subsidiaria, en su caso, a abonar el importe tasado en él.

En cualquier caso, esta decisión no supone "dispensa o exención". Tampoco es contraria "al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, ya que no presupone trato de favor para la parte recurrente". Ni desfavorable "para ninguna otra parte afectada". Tan solo busca "salvaguardar el interés público de actuar conforme al procedimiento legal establecido, que permite, en este tipo de contratos, reclamar el cumplimiento antes de exigir la resolución".

De cualquier forma, será la propia concejala de Promoción Económica, María Nanclares, quien la próxima semana dé las explicaciones pertinentes en la comisión municipal correspondiente.