Interpol Argentina urge a España a detener a Martín Villa

13 noviembre, 2014

La sección de Interpol en Argentina ha enviado comunicación «muy urgente» a su delegación en Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las 20 personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre los que se encuentran los ex ministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa, […]

mural3marzozaramagaLa sección de Interpol en Argentina ha enviado comunicación «muy urgente» a su delegación en Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las 20 personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre los que se encuentran los ex ministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa, este último como responsable de la matanza del 3 de Marzo de Vitoria.

Así lo redacta el documento, del 4 de noviembre presentado ante el juzgado de María Servini, en el que le pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito «indispensable» para el caso de emitir una orden de captura internacional. De momento, sin embargo, España no procederá a la detención de estos acusados y alega ante la sede central de la Interpol una resolución de 2010.

Esta información permitirá a Interpol hacer extensiva la medida de la detención a todas las policías de los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal OIPC- Interpol para el supuesto de que los imputados se encuentren fuera de las fronteras españolas. No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados por crímenes de lesa humanidad.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires, ha explicado que una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los reclamados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas. La organización, que alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española, añade que la Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, ertirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras.

El Juzgado español deberá después comunicar su decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine. En caso de ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de extradición, según CEAQUA.

Estas disposiciones coinciden con lo establecido en el artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina. La juez Servini imputó y ordenó detener recientemente a una veintena de personas por crímenes del franquismo, aunque una de ellas el ex ministro Antonio Barrera de Irimo falleció y se ha anulado la posibilidad de emprender cualquier acción penal.

La magistrada Servini recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado casos similares. Servini, que estuvo el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.

«En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional», dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

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