Kaleratzeak denuncia el “robo descarado” de Vitalquiler a “una familia vulnerable”
Vitalquiler exige una deuda de 5.850 euros a una familia que estuvo a punto de ser desahuciada en enero
Kaleratzeak Stop Desahucios se ha concentrado hoy en la plaza Amárica para denunciar la situación de Mawa y Mohamed, con cuatro hijos. Acusan a Vitalquiler de "robo descarado y exclusión por estafa social" a esta "familia vulnerable", a punto de ser desahuciada el pasado enero. Tras evitar el desahucio, ahora la empresa les ha pasado un factura de 5.000 euros, además de 850 euros en costes judiciales y notariales y una demanda de Caja Laboral.
Por estas razones, Kaleratzeak ha convocado una concentración para apoyar a esta familia. Piden al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que intervengan y exijan a las dos empresas implicadas que anulen la deuda. Además, inciden en que se revisen los convenios con Vitalquiler, además de suprimir "todas las cláusulas abusivas" de sus contratos. También demandan que no se cargue el IBI a los inquilinos, y que se garantice el carácter social de los alquileres de Viviendas de Protección Oficial
Vitalquiler ordenó en su día el desahucio de los seis integrantes de un piso de Zabalgana. No podían renovar el aval de 5.000 euros ni hacer frente a los 525 euros de renta, ya que los únicos ingresos de la familia eran de 760 euros. Cifras que debían al firmar un contrato de cinco años con la empresa de alquiler, que se negó a prorrogar dicho contrato.
En abril consiguieron que el Gobierno Vasco les asignara finalmente una vivienda en alquiler, pero tanto Vitalquiler como Caja Laboral siguen reclamando sus deudas, según indica Kaleratzeak. La primera les ha pasado una factura de 5.000 euros por retraso en la entrega de llaves, además de 850 euros de costes judiciales y notariales. Por su parte, la entidad bancaria les ha demandado ante los juzgados, reclamando los 5.000 euros. Caja Laboral les ha cobrado 1.500 euros por el aval durante los cinco años de contrato.
Kaleratzeak considera que esta persecución a la familia de Mawa, residente en Vitoria-Gasteiz desde el 2000, no debe ser aceptada. "No es aceptable socialmente que se hayan negado a prorrogar el contrato a esta familia vulnerable y que la hundan ahora en la miseria con una deuda injusta que no pueden pagar", insisten en el comunicado.
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