La oposición acusa a Maroto de no defender los intereses de Vitoria con San Antonio

PNV, PSE y EH Bildu han unido hoy sus votos para reprobar al alcalde por su actuación en el alquiler de San Antonio. Una reprobación que, en la práctica, no tiene ningún valor jurídico y tan sólo supone una bronca pública por parte de la oposición. Más allá de esta reprobación el Ayuntamiento enviará al Tribunal de Cuentas el contrato firmado en 2007 entre el Ayuntamiento y Gonzalo Antón, mientras que EH Bildu se ha quedado sola en su intención de llevar el asunto a la Fiscalía.

Los tres grupos de la oposición han aprobado una moción en la que acusan a Maroto de varias mentiras dichas en 2007 sobre el contrato. Maroto aseguró entonces que había una opción preferente de compra, algo incierto. El alcalde también cambió de criterio en varias ocasiones sobre la lógica de la adquisición del inmueble, y ya en 2013 negó la posibilidad de renegociar el contrato, algo que luego sí se pudo hacer.

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Los grupos políticos también denuncian que el alcalde no ha defendido el interés general de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a la hora de firmar o renegociar este contrato.

Más allá de esta reprobación, la Comisión de Investigación ha demostrado y ha probado que el Ayuntamiento benefició a Gonzalo Antón, al aprobar un alquiler muy superior al valor de mercado de ese tipo de inmuebles.  Alquileres en los que Gonzalo Antón se vio muy beneficiado, con unas cuotas por encima de mercado y un blindaje excepcional, que impedía al Ayuntamiento romper cualquier acuerdo

El Ayuntamiento alquiló en 2007 los locales propiedad de Gonzalo Antón. Lo hizo a dedo y con la excusa de instalar ahí servicios de atención al ciudadano, oficina de turismo y el servicio de Padrón, y por ello necesitaba, aseguran, unos locales grandes en el centro. Sin embargo, esta excusa ya quedó descartada con una grabación de una comisión de 2007 en la que Javier Maroto descartaba ya que en ese lugar se fuese a instalar la Oficina de Turismo: “La oficina de turismo no va a ir a estos locales, esto no quiere decir que podamos utiliza restos locales de apoyo. No tenemos intención de trasladar la oficina de turismo a estos servicios”. En aquellas declaraciones Maroto (entonces concejal de Hacienda), aseguraba que “no tiene sentido que entren por la misma puerta las personas de padrón y los turistas”. Además, según esas grabaciones Maroto anunció en 2007 que existía una opción final de compra, algo de lo que no se ha vuelto a saber.

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Con estas grabaciones se desmontaba el primer argumento sostenido hasta este momento por el Equipo de Gobierno respecto al alquiler. Hasta ahora Ainhoa Domaica, portavoz del Gobierno, había argumentado la necesidad de alquilar el local porque necesitaban un espacio amplio para poder cubrir las necesidades.

Las conclusiones también establecen que, desde el primer momento, el Ayuntamiento se adaptó a las exigencias de Gonzalo Antón. Numerosos correos electrónicos probaban que había sido la sociedad privada la que en todo momento había llevado la iniciativa en la negociación.

Sobrevalorado

El Departamento de Urbanismo valoró inicialmente el alquiler del inmueble en 10.168€/mes por 10 años (actualización del IPC). Sin embargo posteriormente la empresa emitió una contraoferta de 18.500€/mes, casi el doble.

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Finalmente la propuesta resultante quedó establecida en 12.500 €/mes para 20 años, con unas actualizaciones anuales desbocadas. Esta propuesta que salió adelante le permitían a la empresa establecer unas ganancias totales más de 6 millones de euros, algo desbocado pese a ser 2007. Y hay que recordar que toda la adecuación del inmueble ha sido pagada por el Ayuntamiento.

Finalmente Gonzalo Antón recibirá algo menos de dinero tras la negociación entre Javier Maroto y su empresa. El alcalde logró negociar antes de iniciarse la Comisión de Investigación una rebaja en los alquileres. El ayuntamiento ha presumido de que esa negociación se produjo antes de la Comisión. Sin embargo, se produjo cuando ya estaba aprobada su creación, y después de que Javier Maroto negase a los periodistas en varias ocasiones que se hubiese puesto en contacto con Antón.

Bildu también desmontaba ayer otra de las alegaciones del PP, quien insistió en numerosas ocasiones en que el local de General Loma (ubicado en la Oficina de Turismo) presentaba una gran inseguridad jurídica y el desalojo de éste era inminente. Sin embargo esto no ocurrió y durante varias mensualidades más se siguió girando la factura, lo que cuestiona la urgencia por trasladar la oficina de turismo.