El conflicto de los socorristas se enquista: nueva convocatoria de huelga para el 13 de mayo

Toda la oposición se ha vuelto a unir para reclamar al alcalde que medie con las empresas adjudicatarias para que los monitores y socorristas de los centros cívicos puedan alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo. La negociación del convenio, caducado desde hace cinco años, se encuentra totalmente enquistada y hoy mismo se ha registrado una nueva convocatoria de huelga para el 13 de mayo, después de que la anterior convocatoria para el 22 de abril quedase anulada por la voluntad negociadora de los trabajadores.

Ahora las empresas han descartado retomar las negociaciones antes del 6 de mayo, lo que hace que el tiempo siga corriendo de cara al fatídico 7 de julio. Los trabajadores estarán mañana en el Pleno Municipal del Consistorio.

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Los tres grupos de la oposición llevarán mañana al pleno una  moción en la que se pedirá al gobierno municipal que se implique en el mantenimiento de la situación actual de este colectivo formado por alrededor de 150 personas. "Maroto no puede permanecer impasible y asegurar que apuesta por el empleo de calidad, mientras ese importante número de gasteiztarras corre serio peligro de ver reducido su salario en un 40% de promedio, así como empeorar su situación laboral con un incremento de 180 horas en su jornada anual", han resaltado representantes de los tres partidos.

​La oposición cree que el alcalde debe intervenir para que prosiga la negociación entre las empresas implicadas y los trabajadores, de forma que se mantenga el convenio colectivo provincial y se garanticen así las actuales condiciones laborales, frente a las vigentes en el Estado, que son sensiblemente peores. Además, un cambio de situación como el anunciado acarrearía la consiguiente pérdida de empleo.

Los monitores siguen negociando con las empresas (Disport Eki y Aiteko Managemente) el nuevo convenio. Pero mientras que Disport Eki ha accedido a las reivindicaciones de los trabajadores, desde Aiteko muestran su disconformidad. La ruptura de las negociaciones estuvo a punto de provocar una huelga que finalmente los trabajadores desconvocaron en señal de buena voluntad para seguir negociando.

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Los trabajadores reclaman, además del mantenimiento del empleo, la ultra-actividad ilimitada (que el convenio no deje de ser aplicable una vez pasados 12 meses desde la finalización de su vigencia), el no sometimiento obligatorio al procedimiento del arbitraje en supuestos de planteamientos de descuelgue del convenio, elección anual de cuadrantes de trabajo y movilidad geográfica limitada a Araba.

Tras la reforma laboral decretada el año pasado por Madrid, este convenio provincial podría desaparecer el 7 de julio, con lo que las empresas podrían aplicar un convenio superior, el estatal en este caso. Esto podría suponer una bajada de sueldo de en torno al 40% de media, y un aumento de jornada de 180 horas al año. Al aumentar la jornada, ineludiblemente sobraría personal, esto es habría despidos.