La oposición ve a Alfonso Alonso "responsable" del elevado precio en el alquiler de San Antonio

Foto de EH Bildu

Los portavoces del PSE, PNV y Bildu han presentado hoy la petición de Pleno Extraordinario para crear la Comisión de Investigación por el coste del Alquiler de las Oficinas de San Antonio. Una comisión que, según los portavoces, debería estar constituida a finales de septiembre y en la que el principal señalado es el portavoz del PP en el Congreso: Alfonso Alonso.

El ahora representante del Grupo Popular era el alcalde de Vitoria cuando se firmó ese contrato con Gonzalo Antón. Además, según ha denunciado Gorka Urtaran fue Alonso quien "modificó las cláusulas de cancelación sin ser competente para ello". "No hubo libre concurrencia en dicho concurso, pero además se duplicaron las cláusulas de indemnización", critica Fernández de Pinedo.

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El ex alcalde Patxi Lazcoz ha querido destacar que el de San Antonio "es el único contrato de alquiler municipal que tiene una cláusula de blindaje".

La oposición ha insistido hoy en que Alfonso Alonso es el máximo responsable principalmente de la modificación de las cláusulas en el último momento: "Queremos que aclare por qué modificó el contrato de forma tan lexiva para el ayuntamiento.

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Los grupos de la oposición no se han puesto aún en contacto con Gonzalo Antón, aunque reclaman que el actual alcalde lo haga para poder renegociar un alquiler más barato.

El equipo de gobierno de Alfonso Alonso firmó un acuerdo en 2007 por un periodo de 20 años y desde entonces ha pagado ya 2.600.000 euros. Un informe de la Secretaría General conocido en julio de 2013 cuestiona que se alquilaran los locales sin respetar el principio de libre concurrencia (necesario ante la cuantía económica del contrato) y no se tuviera en cuenta la existencia de otros inmuebles de características similares.

Desde la oposición denuncian además que existe una importante diferencia entre el contrato firmado y lo aprobado previamente en Junta de Gobierno. Aunque en un principio se aprueba un alquiler de 10 años, finalmente se amplía a 20.

Una vigencia que Javier Maroto justificaba para poder diferir el precio pagado por la obra. “El Ayuntamiento no tenía partida para licitar en dicho ejercicio las obras de este local, por lo que se opta por alquilar el local pero que sea el propietario quien ejecute las obras”.

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El alcalde justificaba en julio la cuantía del contrato porque no se trata solo del pago del alquiler habitual, sino que también cuenta con el pago de “una cantidad equivalente, y en diferido, a las obras que se llevaron a cabo”. Obras que realizó el propietario de la vivienda pero que está pagando el Ayuntamiento.

Hoy mismo el equipo de gobierno ha confirmado que acudirá a esta comisión y participará en la misma con la máxima transparencia. Pese a ello, el gabinete Maroto ha denunciado el interés repentino de los grupos municipales por un contrato que no ha sufrido ninguna modificación y “sobre el que estos mismos grupos políticos no mostraron ningún interés ni preguntaron nada durante los 4 años de mandato de Patxi Lazcoz”.