La plataforma Ayudas Más justas se presenta con un discurso conciliador e intentando alejarse del PP

La plataforma Ayudas Más Justas, encargada de recoger firmas para modificar la norma sobre la RGI, se ha presentado hoy oficialmente, con el objetivo de "mejorar lo que ya está hecho y que se haga justicia con nuestro dinero", según ha asegurado Ernesto Alonso, uno de los portavoces.

Hasta el momento 400 personas se han mostrado interesadas por participar en la iniciativa para modificar las condiciones de acceso a las Ayudas Sociales. Una propuesta lanzada por el alcalde Javier Maroto pero que ahora han delegado en una plataforma ciudadana, creada para "que las ayudas sean más justas, lleguen cada vez a más gente y se gestionen cada vez mejor". Eso sí, han insistido en que la plataforma no está tutelada por el PP: "Detrás de nosotros no hay ningún partido político. Cuando tengamos nuestra propuesta la presentaremos para que la miren, la revisen y se pueda firmar".

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"Hay una preocupación porque el dinero no ha llegado a quien sí lo necesitaba". Para ello la plataforma asegura que el documento se presenta "para corregir deficiencias, y que sea en beneficio de quienes hoy lo perciben legalmente, pero también quienes no lo perciben y tienen derecho a percibirlo", ha asegurado Ernesto Alonso.

Un documento que busca "eliminar deficiencias, fraudes y abusos, así como ampliar la propuesta a personas que actualmente se están quedando fuera de este sistema", insiste Patxi Gómez, responsable en Álava.

Ayudas más justas nace, insisten, sin vinculaciones políticas. Una plataforma que ha "cogido el guante" lanzado por Maroto, con quien se entrevistaron hace unas semanas. El objetivo es plantear una ILP y recoger las 30.000 firmas necesarias para su debate en el Parlamento. En la presentación de hoy no ha habido ninguna propuesta concreta, y no será hasta dentro de unos días cuando se ofrezcan más detalles y se presentarán a la sociedad.

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"Queremos garantizar un sistema de protección social mas equitativo, justo, sostenible y solidario", ha insistido Patxi Gómez. Desde la plataforma recuerdan que el sistema de protección social de Euskadi es uno de los más avanzados: "Todos los ciudadanos realizamos un esfuerzo para mantener un sistema del que de durante muchos años nos hemos sentido orgullosos". En la actualidad hay 65.000€ perceptores de ayudas sociales. La plataforma apuesta por eliminar situaciones de injusticia y al mismo tiempo incorporar al sistema a personas que no pueden acceder.

La plataforma tendrá representación en las tres ciudades. Patxi Gómez será le responsable en Álava, mientras que Ernesto Alonso será el coordinador por Bizkaia y Alex Sainz, joven estudiante de 24 años de Lasarte, será el encargado de gestionar en Gipuzkoa. A juicio del joven "la modificación de esta ley es el comienzo para cambiar las cosas y construir una sociedad justa y solidaria, incorporar al mayor número de jóvenes posibles que no escuchan al ciudadano y con la esperanza de que con los partidos políticos o sin ellos podamos mejorar las cosas".

• Presencia de vitorianos de otros países

Entre los defensores de la iniciativa está Víctor, pastor evangelista nigeriano que se ha querido sumar a la plataforma: "Hay mucha gente en la iglesia y en el entorno que necesita ayudas y la mayoría de veces no le dan, por diversas razones, que aquí estamos presentando: hay que controlar y que todo esté bien vigilado para que todo el mundo pueda percibir la ayuda justa". Víctor ha asegurado: "La Vitoria que yo conozco de hace once años es muy diferente a la Vitoria de hoy".

También Madelein, estudiante ecuatoriana de 21 años pero con 13 como vecina de Vitoria, han querido sumarse a esta iniciativa. "Creo que se debe repartir equitativamente a quienes realmente se lo merecen, tanto si es extranjero como si es de aquí".

• Generar crispación

Los representantes también han criticado que se hable de que su propuesta genera crispación: "Lo que estamos hablando no debería generar crispación. Estamos pidiendo que esos fraudes se controlen como lo pediríamos en cualquier sector". Además, insisten: "No vamos contra nadie: queremos sumar y que las personas que necesitan las ayudas las pueden tener, que podamos ir y las podamos solicitar. Ha habido abusos y una gran cantidad de dinero está comprobado que son fraudes".

Entre las irregularidades que denuncian está la valoración del patrimonio para el acceso a la RGI: "Hay gente que, aunque no tenga recursos, por tener un trastero o una huerta se queda fuera".

Respecto a la afirmación de Maroto sobre el colectivo magrebí, Patxi Gómez ha recordado que son declaraciones sobre datos del Gobierno Vasco, aunque ha asegurado: "Si hay colectivos que son los que más afloran igual son también porque son los que más lo necesitan y por tanto es donde más fraude se comete".