Cinco familias refugiadas de Gaza buscan alternativas de vivienda
El Sindicato de vivienda denuncia que el Gobierno Central les había amenazado con abandonar los hostales el 31 de octubre, aunque ha ampliado dos meses la fecha límite
Cinco familias gazatíes permanecen acogidas en Vitoria-Gasteiz por el gobierno español. Son familias que tienen un miembro o más con nacionalidad hispano-gazatí, y entre las cuales hay 10 menores de edad.
Familias que llegaron en noviembre de 2023, y que desde entonces han permanecido en hostales o albergues municipales. Es decir: las familias no disponían de cocina, ni del espacio suficiente para desarrollar su vida familiar, denuncia el Sindicato de Vivienda.
En las últimas semanas las familias recibieron el aviso de que deberían buscar nuevos recursos. En un principio debían abandonar estos espacios el 1 de noviembre, aunque actualmente se les ha dado un plazo adicional de dos meses.
Desde el momento en el que se les notificó que debían abandonar la vivienda, empezaron lo que el Sindicato de Vivienda llama “laberinto burocrático”. Desde Servicios Sociales se les decía que no había ninguna alternativa y que antes de que llegara la fecha debían buscar por su cuenta algo; desde las instituciones municipales se les derivó a Lanbide. Aseguran además que desde el programa de acogida ofrecen a algunas familias quedarse en el hotel pagando 400€ a la semana, lo que el Sindicato considera “insultante”.
El problema al que se enfrentan estas familias es el mismo que el del resto de ciudadanos de Vitoria-Gasteiz: la falta de viviendas en alquiler o las exigencias de los propietarios, tanto económicas como de otro tipo. Así lo explica el Sindicato de Vivienda: “Muchos quieren encontrar alquileres, pero no lo consiguen porque no pueden pasar los filtros racistas y clasistas de los propietarios. Les piden que presenten nóminas, pero si acaban de salir de una situación de guerra ¿qué nóminas van a presentar?”
Además, denuncian que una de las familias ha sufrido una estafa de alquiler: "Le hicieron pagar 700€ para poder ver una vivienda que no existía".
Las cinco familias insisten en que han escolarizado a sus hijos en la ciudad y que por lo tanto, han desarrollado un arraigo: “a la experiencia de tener que presenciar un genocidio, no le sumemos más sufrimiento innecesario”.
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