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21 de abril
Las constructoras de la nueva Estación ahogan a las subcontratas con pagos a 8 meses
La Ley de Morosidad establece desde 2013 los periodos máximos de pago a empresas por parte de la administración y de otras empresas. Se trata de una medida que buscaba reducir la inseguridad jurídica que vivían muchas empresas que veían cómo la administración no pagaba sus deudas. Esta ley reducía a 30 días el plazo de […]
La Ley de Morosidad establece desde 2013 los periodos máximos de pago a empresas por parte de la administración y de otras empresas. Se trata de una medida que buscaba reducir la inseguridad jurídica que vivían muchas empresas que veían cómo la administración no pagaba sus deudas. Esta ley reducía a 30 días el plazo de vencimiento de las facturas emitidas por las empresas a la administración. Y en el caso de las empresa privadas, el plazo de vencimiento se amplía hasta los 60 días.
En Vitoria-Gasteiz el Ayuntamiento cumple de forma escrupulosa con los periodos de pago a las empresas. El consistorio paga en plazo y empresas públicas como Ensanche XXI también. Desde Ensanche se emite el pago en el mes siguiente a la recepción de la factura. Plazos cortos y regulados que, sin embargo, se tuercen cuando se habla de los pagos entre empresas privadas. Y quien acaba pagando el pato es el pequeño.
Según ha podido saber Gasteiz Hoy, las empresas adjudicatarias de obras como la Estación de Autobuses o el Centro Cívico de Salburua obligan a las subcontratas a firmar contratos con vencimientos a 180 y hasta a 240 días. Pagos a 6 y 8 meses, durante los cuales las empresas tienen que adelantar los gastos o firmar con la banca la concesión de un préstamo. Esta práctica ahoga a las pequeñas empresas, a las que se obliga a aceptar estas condiciones si quieren trabajar en dicha obra.
Durante ese tiempo las empresas se ven obligadas a adelantar el dinero o, lo más lógico, a pedir al banco una línea de crédito avalada con el pagaré de la contratante. Consiste en un anticipo de recibo que viene lógicamente avalado por la factura emitida. Si esa factura no se cobra en plazo el banco ejecuta el cobro y se lo pasa al cliente con un importante recargo, incrementando así la deuda y las obligaciones financieras.
Este enorme riesgo obliga a las empresas a jugársela entre decir no a un cliente o aceptar las condiciones impuestas. Evidentemente aquellas empresas que, por su volumen de trabajo, se pueden permitir rechazarlo optan por no trabajar en dichas condiciones. En cualquier caso ésta es una práctica extendida por parte de las grandes empresas, ante la cual los pequeños empresarios tan sólo pueden tragar o renunciar al contrato. Aunque las empresas están obligadas a pagar en 60 días, las pequeñas empresas acaban por no denunciar para tener la oportunidad de seguir trabajando.
En el caso de la Estación y del Centro Cívico de Salburua, la concesionaria principal de la UTE es Vías, perteneciente a una de las grandes constructoras de nuestro país. Vías está integrada en ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez. Vías es una de las empresas del grupo, en el que destacan también otras compañías como la alemana Hochtief o Dragados. Precisamente Dragados es una de las empresas que ha recibido numerosas críticas y denuncias por parte de pequeños empresarios que han trabajado para ellos.
Los pagos a 180 y 240 días presentan además un enorme riesgo añadido: el posible impago o incluso la posible suspensión de pagos de la empresa pagadora. Esta situación ya se ha dado en varias ocasiones. Las empresas al suspender pagos acaban ahogando a las subcontratas y algunas de ellas acaban en la quiebra por culpa de una gran empresa.
Desde el SEA no han querido valorar esta situación a preguntas de Gasteiz Hoy.
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