Los monitores de tiempo libre culpan a las instituciones de dejarles en condiciones cercanas a la pobreza

15 octubre, 2014

Los trabajadores del sector de la animación socio educativa y sociocultural han vuelto a exigir hoy a la Diputación y al Ayuntamiento su mediación para obligar a la patronal Zeharka a firmar el I Convenio de Intervención Social en Araba. Este convenio, que está cerca de cerrarse, engloba a 1.500 personas en todo el territorio, […]

Los trabajadores del sector de la animación socio educativa y sociocultural han vuelto a exigir hoy a la Diputación y al Ayuntamiento su mediación para obligar a la patronal Zeharka a firmar el I Convenio de Intervención Social en Araba. Este convenio, que está cerca de cerrarse, engloba a 1.500 personas en todo el territorio, pero por ahora deja fuera a los 400 monitores, educadores y directores de tiempo libre. Ya en Verano monitores de Udalekuak denunciaron la discriminación respecto a su compañero. Si no se firma el convenio "dejaría a 400 personas sometidas a una regulación estatal que rebaja a mínimos de pobreza las condiciones laborales y salariales", denuncian los trabajadores.

El convenio que está cerca de firmarse engloba a actividades de intervención psicosocial y socio educativa, pero también sociosanitaria, asistencial, de gestión de programas sociales... Los trabajadores socioculturales exigen entrar también en este convenio, como ya ocurre en Bizkaia o Gipuzkoa, donde los monitores cuentan con sueldos más elevados que los de los jóvenes alaveses, y unas condiciones establecidas en sus convenios.

Los trabajadores culpan a las instituciones de no querer garantizar a la empresa la financiación para poder entrar en el convenio. Porque en este caso los 400 trabajadores pertenecen a empresas privadas, pero que trabajan para Ayuntamiento y Diputación. Y las empresas no están dispuestas a asumir el coste de la firma del convenio.

Desde 2012, cuando comenzaron las negociaciones para este convenio, las empresas gestoras de ludotecas, bibliotecas, parques naturales, centros cívicos,... se mostraron reticentes a entrar. Ahora las empresas se lavan las manos y han llegado a pedir a los trabajadores que negocien directamente con las administraciones para poder asumir el nuevo convenio. Al mismo tiempo las instituciones se lavan las manos en este tema: "Se desentienden de unas relaciones laborales en las que el espacio para negociar está limitado por los presupuestos".

Los trabajadores realizarán paros en las próximas fechas si la situación no se soluciona: "Trabajamos con personas y lo que pedimos es poder desarrollar y acordar unas condiciones laborales justas".

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