Los riders de Glovo son falsos autónomos, según el Supremo

| 23 septiembre, 2020

Los trabajadores deberán tener contrato de trabajo, y no una relación mercantil como autónomos

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles que los riders de Glovo son falsos autónomos, ya que existe una relación laboral entre la empresa y el propio trabajador. El Tribunal Supremo sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Además el Supremo rechaza enviar la cuestión a Europa, tal y como reclamaba Glovo.

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“Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador”, asegura el Tribunal Supremo.

Glovo aterrizó en 2018 en Vitoria-Gasteiz. Los glovers, los repartidores de Deliveroo y también los de Uber Eats están en el límite de la legalidad por su supuesta condición de falsos autónomos. Pagan su cuota de autónomos y no tienen contrato con estas empresas, pero trabajan exclusivamente para una de ellas y se someten a sus condiciones e imposiciones.

Gasteiz Hoy ya habló con algunos de los glovers que trabajan en la ciudad para descubrir cuáles son estas condiciones y cómo se calculan sus ingresos.

Empresas como Glovo y Deliveroo han acudido a juicio en numerosas partes de España por sus prácticas. Estos juicios tuvieron resoluciones dispares: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no consideró a los repartidores falsos autónomos, pero en Barcelona Glovo sí tuvo que pagar 3,8 millones de euros porque fueron considerados como tal. Ahora la sentencia del Supremo dicta una doctrina clara: son trabajadores.

Reacciones


Glovo defiende en un comunicado que está “a la espera de la definición del marco regulatorio por parte del Gobierno, así como de los organismos europeos”. Es decir, para la compañía española la actual regulación no es válida, porque “las resoluciones judiciales versan sobre situaciones concretas de un modelo en constante evolución”.

LAB, por su parte, apuesta ahora por “reforzar la acción sindical mediante la fuerza de las secciones sindicales, abrir la vía de la negociación colectiva en Euskal Herria y seguir tanto en las empresas como en la calle”.


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