Los trabajadores de los centros de menores Bideberria denuncian nuevos despidos

Imagen de 2014, con las movilizaciones realizadas por los trabajadores

Los trabajadores de los centros de menores de Bideberria han denunciado hoy que 7 personas podrían ser despedidas con el nuevo acuerdo firmado entre la Diputación Foral de Álava y Urgatzi, la empresas gestora de los centros. Los sindicatos denuncian además que 5 de estos 7 trabajadores pertenecen al comité de empresa. Estos despidos se sumarían a los 17 llevados a cabo hace año y medio y que dejaron los centros sin los trabajadores necesarios.

Hace ya 10 días que el Comité solicitó tanto a Gobierno Vasco como a la Diputación Foral de Álava aclaración sobre estas cuestiones que están poniendo en riesgo los puestos de trabajo, y aún no han recibido respuesta alguna, por lo que instan también a estas instituciones a contestar como les corresponde.

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"Estas medidas solo pueden deberse a represalias contra la representación sindical y el personal más antiguo que no se doblega ante la empresa, y recién publicado el convenio nos tienen que reconocer la categoría que venimos realizando y que hasta ahora no estaba regulada y regularizar nuestras condiciones", denuncian los trabajadores.

Hace año y medio, cuando Urgatzi asumió el servicio de los centros Bideberria, acató las instrucciones de la Diputación Foral de Álava (DFA) y despidió a 17 trabajadores. Despidos que provocaron movilizaciones por parte del comité, una acampada, una huelga, y movilizaciones frente a la cascada de despidos. La empresa y la Diputación no cedieron y desde entonces trabajadores y empresa mantienen un conflicto y una tensión debido a sus condiciones laborales​ que "hoy vuelve a poner en peligro otros 7 puestos de trabajo".

"Después de 10 y 15 años en los puestos de trabajo y tras 8 años de la publicación del Decreto de Acogimiento Residencial, que exige titulación para trabajar en el sector, pero exime de tenerla a quienes estuvieran trabajando antes de 2008, como es el caso, el nuevo convenio de la DFA, pretendiendo situarse por encima del decreto, anula la exención y exige una titulación que saben que no tienen porque además no tienen que tenerla".

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