El centro San Francisco Javier no tenía personal suficiente en pleno brote de covid y tenía a una de sus usuarias atada para que no se moviese
La residencia privada San Francisco Javier, de Arroyabe, se enfrenta a sanciones de 660.000 euros por “atar injustificadamente a mayores”. Según parece, en este centro no se cumplían los protocolos de prevención de Covid, con falta de personal e incluso algún mayor bajo síntomas de la enfermedad atado por la cintura para que no se moviera.
Foto no correspondiente con la noticia.
Según ha publicado Eldiario.es, el servicio de inspección de la Diputación Foral de Álava ha abierto dos expedientes sancionadores por estas irregularidades. Y es que esta residencia estuvo bajo un fuerte brote de coronavirus, con 9 de los 12 infectados que residen en estas viviendas comunitarias.
De acuerdo con la información de este medio, en las inspecciones realizadas se detectaron un total de 32 irregularidades. La más grave de ellas ha sido mantener a una mujer atada por la zona abdominal. Una usuaria que se encontraba bajo la fiebre sintomática de coronavirus.
La residencia no tenía personal suficiente para enfrentarse al brote
Según han apuntado las inspectoras, está práctica está “injustificada” en cualquier caso. La decisión de atar a una usuaria se habría tomado por falta de personal e incapacidad para vigilarla. Y es que este centro habría tenido solo cinco trabajadoras ejerciendo durante el brote de Covid: dos de mañana, dos de tarde y una de noche.
Inspección ha realizado en total tres visitas sorpresa a la residencia, constatando que había mayores en las salas comunes a pesar de que deberían estar confinados en sus habitaciones por el covid. De hecho, en la tercera y última visita proseguían estas prácticas, por lo que la residencia se enfrenta a dos sanciones: una de 60.000 euros por infracción grave (falta de medidas suficientes contra el virus) y otra muy grave por atar a una de sus usuarias. Esta última acarrearía una sanción 600.000 euros.
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2 comentarios. ¿Quieres agregar algo?:
Este caso y otros muchos que han salido en residencias públicas, privadas y concertadas deberían llevar a las instituciones a replantearse el modelo.
Dar atención a nuestros mayores no debería ser un negocio.
Sanción que quedará en nada para estos sinvergüenzas que ya han avisado que echan la persiana, y como será una sociedad se declararán insolventes y unicamente se podrá embargar los bienes de la sociedad -que no será muy dificil presuponer que serán escasos o inexistentes- y sus propietarios se irán de rositas. Una vergüenza lo de estos tipos. Espero que se ponga una denuncia en el juzgado que corresponda y si hay motivos para ello se emprendan acciones legales contra gente como ésta y en su caso asuman las responsabilidades penales si las hubiera.