Nuevas denuncias de falsedad documental por el sobreprecio de las VPO

Tras solucionarse la situación de las VPO de Majuelo Garay y de Montenegro, las VPO de Lagunketa son ahora el punto de mira de las irregularidades. Bildu se sumó ayer a las críticas de Salburua Burdinbide, y su concejala Itziar Amestoy denunció que, en la escritura de compraventa entre Ensanche XXI y Lagunketa "se presenta documentación falsa". En esas escrituras, firmadas en 2009, "se explica que el precio a cobrar por las viviendas es el vigente a los nueve meses y un día a partir de la notificación”.

Según Bildu "la falsedad es doble, por un lado,  se dice que las condiciones se aprobaron en el consejo del 23 de enero del 2008, cuando se hizo el 18 de octubre de 2007, y la segunda y más grave es que en el segundo punto del documento se modifica el precio máximo establecido en el pliego de condiciones, alterando lo acordado en el consejo de administración. De un pliego que establecía que el precio máximo sería el vigente a 31 de diciembre de 2007 este documento falsea ese punto y asegura que el pliego dice que el precio será el vigente a los nueve meses y un día". Esta modificación permitió a Lagunketa cobrar el precio mínimo establecido para 2008, más elevado que el de 2007.

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Desde Burdinbide, que ha llevado los casos a los tribunales, aseguran que existen claros indicios de delito en estas gestiones, que cuentan con la firma del ex alcalde Patxi Lazcoz. Además, asegura que la redacción de los diversos contratos y actuaciones aprobadas por el Consejo de Ensanche XXI están escritos de una forma muy liosa y fácil de confundir. De hecho, recuerda que la mayoría de los concejales ha reconocido posteriormente no saber qué estaba votando cuando dio luz verde a la norma de mantener el mismo precio durante nueve meses y un día.

El portavoz Kike Fdz de Pinedo ha pedido "una comisión especial de investigación, con luz y taquígrafos, para llegar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que por el error de algunos, todos paguemos 1,6 millones de euros”. El representante de Bildu dice que “esa comisión será la que dirima si ha habido intencionalidad".

El asunto será analizado este martes en el Consejo de Ensanche XXI, al igual que los casos de Majuelo Garay y Montenegro. En el primero la situación se solventó y finalmente se utilizó el módulo de 2007. En el segundo caso, sin embargo, está por ver qué ocurre, ya que la constructora pagó a precios de 2007 pero intenta vender con el módulo de 2008.  Desde el PSE esperan que se solucione el "error administrativo".

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