Los sindicatos denuncian la dificultad de acceso a ayudas y prestaciones sociales

Bajo el lema Diputación, un obstáculo para la buena atención la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS) ha protestado hoy en la Plaza de la Provincia. Denuncia que este organismo dificulta las ayudas y prestaciones dirigidas a las personas con diversidad funcional.

Para masificar la protesta también han convocado una manifestación el próximo 21 de marzo a las 19:00 en la Virgen Blanca. En ella pedirán "unos servicios sociales públicos y de calidad".

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La PDS pide modificar el decreto foral 39/2014 para que las personas diversidad funcional tengan acceso a él. Este decreto regula las subvenciones dedicadas a la autonomía y atención a la dependencia en Álava, que "deja fuera a este colectivo", según la plataforma.

Además manifiestan que la reciente aprobación de los presupuestos también va a dificultar la obtención de las subvenciones. "Si no hay un aumento de los ingresos va a ser muy difícil atender a las necesidades de las personas con diversidad funcional", añade uno de los miembros, José Manuel López.

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Otra de las quejas de la PDS es respecto a la prestación económica de asistencia personal. La subvención otorgada por la Diputación en estos casos es como máximo de 798 euros. Una cifra con la que es "imposible pagar y dar de alta en la seguridad social a un cuidador personal", según López. Además, los afectados están obligados a utilizar los medios institucionales. "No se les da otra alternativa", añaden.

• "Privatización encubierta de los servicios sociales"

Como en la Diputación hay carencia de personal para atender a las personas con diversidad funcional, el organismo alavés otorga un cheque a todos aquellos que no se benefician de este servicio. Actualmente "son más de mil" las personas que reciben este cheque.

"Lo que provocan estos cheques es que los beneficiarios se vayan a las instituciones privadas. Por lo tanto, son las residencias privadas las que se benefician del dinero de la Diputación. Esto implica una reducción del servicio público y del servicio a domicilio. En definitiva, una privatización encubierta de los servicios sociales", explica Javier Sainz, miembro de la plataforma.

La PDS está integrada por los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, además de una decena de colectivos sociales.