El PP recurre la sentencia del alquiler de San Antonio

El PP ha presentado un recurso ante el Tribunal de cuentas del Estado contra la sentencia del alquiler de San Antonio. Según los 9 concejales condenados no queda acreditada la responsabilidad contable de éstos en dicha adjudicación del alquiler.

En el recurso presentado argumentan, a través de ocho puntos, que el Tribunal de Cuentas toma como referencia un informe de mercado no vinculante, según reconoce el propio Tribunal. Dicho informe no es una tasación oficial, sino meramente orientativo del mercado de alquiler, pues no marca un precio fijo al que alquilar.

Además, en el propio informe los ejemplos para calcular la media del precio del mercado incluyen locales cuyo precio por metro cuadrado era superior al que se acordó pagar por el alquiler de las oficinas de San Antonio, como el de la calle Arca.

También aseguran en su defensa que nunca hubo reparo a lo largo de estos años por parte del Interventor ni de la Secretaria General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ahora el Tribunal de Cuentas deberá decidir si acepta dicho recurso.

• Contrato de alquiler

El Tribunal de Cuentas confirmaba hace un mes que el contrato perjudicó a la ciudad al primar los intereses de un particular. Alonso, Maroto y el resto de concejales del PP en 2006  ya tuvieron que aportar 500.000 euros de fianza ante la posibilidad de que hubiese existido un perjuicio. Finalmente la sentencia les condenaba a pagar cerca de 400.000€. El pago recaerá contra los miembros de la Junta de Gobierno que tomó la decisión: Alfonso Alonso, Javier Maroto, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Idoia Garmendia , Fernando Aránguiz y Marian Castellanos.

El empresario Gonzalo Antón adquirió por poco más de 2 millones un local en 2006 que, un año después, el Ayuntamiento alquiló a dedo en unas condiciones muy beneficiosas para Antón. Según el contrato final el beneficio total sería cercano a los 8 millones.

Hay que recordar que en 2013 el alcalde Javier Maroto logró una rebaja en el alquiler, que hasta ese momento se había regido por una actualización muy superior al IPC anual. El contrato fue aprobado en su día por Alfonso Alonso, a apenas unos meses de las elecciones en las que perdió la alcaldía.