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PP y PNV aprueban su presupuesto sin apenas atender enmiendas

12 abril, 2013

PP y PNV han aprobado hoy finalmente el presupuesto municipal para 2013. Un acuerdo que ha demostrado según Maroto que "lo importante es entenderse entre diferentes porque es la única respuesta útil para los ciudadanos". Antes de esta aprobación ambos grupos han anunciado que las enmiendas presentadas por los ciudadanos y por el Consejo Social, así […]

marotourtaranPP y PNV han aprobado hoy finalmente el presupuesto municipal para 2013. Un acuerdo que ha demostrado según Maroto que "lo importante es entenderse entre diferentes porque es la única respuesta útil para los ciudadanos".

Antes de esta aprobación ambos grupos han anunciado que las enmiendas presentadas por los ciudadanos y por el Consejo Social, así como las que presentaron a título personal Miguel Garnica y Gorka Urtaran, son ilegales porque no cumplen con la normativa foral. Por ello han sido anuladas. Pese a todo, las enmiendas presentadas por el Consejo Social sí se tendrán en cuenta y el Ayuntamiento las hace suyas aunque estudiará cómo aplicarlas, al igual que otra enmienda de la Fundación Fernando Buesa.

El Presupuesto ha pasado hoy el último trámite para su aprobación, con una jornada maratoniana, en la que primero se ha reunido la Junta de Gobierno Local. Posteriormente ha tenido lugar una comisión de Hacienda que sólo ha servido para ver un nuevo cruce de reproches entre los diferentes partidos. La jornada ha concluido con un pleno que ha aprobado de forma definitiva los presupuestos de PP y PNV.

Eso sí, Bildu ha denunciado hoy que el Ayuntamiento deberá pagar cerca de 4 millones de euros en 2013 en facturas pendientes del año 2012. Una cifra que no está incluida en el presupuesto para el próximo ejercicio y que puede suponer, a juicio de la formación abertzale, un nuevo recorte para los vitorianos.

Además, la oposición ha denunciado también las consecuencias de la sentencia derivada de la expropiación de terrenos de Jundiz. Una sentencia que obliga a pagar 10 millones de euros a las instituciones, la mayor parte a la Diputación. la sentencia aún puede ser recurrida y por ello no hay partida para esa indemnización en el Presupuesto.

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