"Si no consigo un piso me quitan la custodia de mis hijos"

Patricia tiene 26 años y el pasado mes de junio la Diputación le devolvió la guarda de sus dos hijos. Lo hizo tras conseguir cierta estabilidad y volver a vivir ella a casa de su padre, que fue quien inicialmente pidió la guarda de los pequeños. Desde entonces sus hijos de 5 y 7 años viven con ella, su padre y su hermana, tras dos años residiendo en un piso de acogida, al que Patricia se vio obligada a llevar a sus hijos ante la imposibilidad de hacerse cargo de ellos. Su pareja se encontraba en un centro de rehabilitación y ella no tenía trabajo ni forma de hacer frente a los gastos para su mantenimiento.

Aunque en ningún momento durante esos dos años Patricia perdió la custodia de sus pequeños, que estaban con ella en fines de semana y vacaciones. Pero ahora sí puede perderla. Patricia acaba de recibir una orden de alejamiento mutua para ella y para su padre, tras una discusión y una pelea en el hogar, que acabó con ella inconsciente. Durante un año ambos no podrán convivir juntos y, por ello, Patricia debe abandonar el hogar de su padre. El problema es que no tiene a dónde ir. Aunque de momento le han acogido provisionalmente unos amigos ella necesita empadronarse en una vivienda, ya que actualmente se encuentra percibiendo una RGI que, en caso de perder el empadronamiento en casa de su padre, dejaría de percibir.

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Ella necesita optar a una vivienda de alquiler social de Alokabide. Sin embargo en ocasiones la burocracia no entiende de urgencias. Alokabide se fija en los ingresos de 2012 para conseguir una vivienda. Sin embargo, Patricia no tuvo ingresos en 2012 y por ello no podría acceder a esa vivienda. En 2013, en cambio, sí ingresó dinero ya que estuvo trabajando durante gran parte del año. El problema es que, para que esos ingresos se computen y le permitan acceder a la vivienda, tendría que esperar hasta junio, que es cuando se tienen en cuenta esas cifras.

Patricia intenta de una forma u otra conseguir un piso que le permita mantener a sus dos hijos a su lado. En caso contrario la Diputación se vería obligada a retirarle la custodia y a dar los hijos en adopción, según asegura ella misma. La urgencia del caso choca una vez más con la rigidez burocrática que lleva en algunos casos a la desesperación.

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