El Ayuntamiento enviará al Tribunal de Cuentas nuevos documentos sobre el Alquiler de San Antonio
El Tribunal reclama documentos autenticados
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enviará en los próximos días al Tribunal de Cuentas nuevos documentos relacionados con el alquiler de los locales de San Antonio. El Tribunal de Cuentas del Estado recibió en mayo el expediente de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento, en la que entre otras cosas se reprobó al actual alcalde por mentir. El Tribunal de Cuentas ha reclamado ahora toda la información correspondiente autenticada (compulsada) para poder confirmar las diferentes informaciones e iniciar el estudio. En realidad se tratan de los mismos documentos aportados anteriormente por el Ayuntamiento, aunque en este caso validados jurídicamente.
Según ha informado la Cadena Ser Vitoria, entre las peticiones está la de contar con una copia autenticada del informe que justificó una renta superior a la establecida en el informe de valoraciones. Además reclama la identidad de las personas que aprobaron el contrato de alquiler y una copia del propio contrato.
La comisión de investigación sobre los alquileres de San Antonio concluyó con duras críticas al alcalde Javier Maroto y a Alfonso Alonso, por haber cerrado un contrato perjudicial para Vitoria y por "no haber defendido los intereses de los vitorianos". El contrato firmado en 2007, blindado y sin posibilidad teórica de renegociación, favorecía los intereses del empresario propietario: Gonzalo Antón.
Comisión de Investigación
En 2007, unos meses antes de las elecciones, el Ayuntamiento firmó con una empresa de Gonzalo Antón un contrato de alquiler en unas condiciones muy ventajosas para el empresario. Según el contrato, rubricado en la época de Alfonso Alonso y con Maroto como concejal de Hacienda, el Ayuntamiento pagaría el acondicionamiento del local al propietario, y la renta iría creciendo de forma desproporcionada año tras año.
Aunque el Departamento de Urbanismo valoró inicialmente el alquiler del inmueble en 10.168€/mes por 10 años (actualización del IPC), finalmente la propuesta resultante quedó establecida en 12.500 €/mes para 20 años, con unas actualizaciones anuales desbocadas, muy por encima del IPC.
Este contrato fue revisado el pasado otoño, cuando el alcalde Javier Maroto pactó con Gonzalo Antón un descenso del 30% en la renta, hasta los 14.000€ mensuales, frente a los 20.000€ que pagaba en 2013.
Según aprobó la comisión de investigación el Ayuntamiento se adoptó desde el inicio a los requerimientos del empresario. Además la oposición acusó a Maroto de mentir, al asegurar que existía una opción final de compra del inmueble, algo irreal.
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