La Diputación vulneró la Ley al recuperar ‘las vacaciones fiscales’

8 junio, 2015

Al menos cinco veredictos del Tribunal Supremo evidencian la ilegitimidad del procedimiento utilizado por la Diputación de Álava a la hora de recuperar las denominadas ‘vacaciones fiscales’ y otros incentivos tributarios, que el propio ente foral concedió en la década de los años noventa a importantes firmas de la provincia, como Celsa Atlantic, Guardian Llodio, […]

Al menos cinco veredictos del Tribunal Supremo evidencian la ilegitimidad del procedimiento utilizado por la Diputación de Álava a la hora de recuperar las denominadas ‘vacaciones fiscales y otros incentivos tributarios, que el propio ente foral concedió en la década de los años noventa a importantes firmas de la provincia, como Celsa Atlantic, Guardian Llodio, Eólicas de Euskadi, Euro Fleet Cars y El Coto de Rioja.

Según estas sentencias la institución presidida por el popular Javier de Andrés, quien ostenta su cargo en funciones, vulneró la Constitución española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al adoptar ‘de plano’, es decir, inmediatamente y sin escuchar primero a las partes oponentes, el acuerdo que exigía la devolución de los beneficios fiscales. Por ello, en los fallos consultados, el Alto Tribunal anula las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ordena “retrotraer las actuaciones” del organismo provincial “al momento anterior a su pronunciamiento, para que se le conceda a la entidad demandante un trámite de audiencia”.

La Diputación, entonces en manos del PNV, incurrió por tanto en un defecto de forma que, tras casi una década de reclamaciones y pleitos judiciales, infunde un pequeño halo de esperanza a las numerosas compañías perjudicadas. Aunque la Diputación no ha facilitado la cifra exacta, alrededor de un centenar se dejó seducir por estas jugosas ayudas económicas para constituirse en el territorio histórico y efectuar inversiones significativas. Las firmas asumieron, por tanto, riesgos calculados con base a estos beneficios fiscales, que años después se reembolsó la Hacienda foral sin atender previamente las alegaciones de los afectados.

  • Vacaciones fiscales ilegales

Estos incentivos fiscales, que concedieron las tres diputaciones vascas a unas 300 empresas de nueva creación en todo Euskadi y fueron declarados ilegales por la Comisión Europea en 2001, eximían de abonar el impuesto de sociedades durante los diez primeros años de vida. Y también permitían recuperar a través de este gravamen el 45% de las inversiones realizadas. Aunque para ello, las compañías debían cumplir ciertas condiciones. En el primer caso, la concesión de las ayudas estaba sujeta a la creación de, como mínimo, diez puestos de trabajo y a una inversión superior a los 480.810 euros. Mientras que en el segundo, las inversiones realizadas por la empresa debían exceder los 15.025.303 euros. Las ‘minivacaciones fiscales’ establecieron, a su vez, deducciones sucesivas del 99%, 75%, 50% y 25% del Impuesto de Sociedades desde el primer año con beneficios.

Al recuperar estos incentivos fiscales, el organismo foral infringió, en concreto, el artículo 105.c de la Carta Magna: “La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”. A este respecto, el Alto Tribunal dictamina en repetidas ocasiones que la Diputación debió otorgar trámites de audiencia para atender las alegaciones de los representantes legales de las compañías afectadas antes de llevar a cabo, al amparo de una resolución del Director de Hacienda del órgano provincial fechada a finales del 2007, la recuperación del dinero que dejaron de ingresar las arcas forales a causa de la aplicación de los polémicos incentivos fiscales.

  • Sentencias a favor de Guardian y Celsa

Algunas de las sentencias a las que ha tenido acceso Gasteiz Hoy cifran estas ayudas en más de dos millones de euros. Es el caso de Guardian Glass (fallo del Tribunal Supremo emitido el 14 de mayo de 2015) y Celsa Atlantic (24 de abril). A El Coto de Rioja la Diputación le reclamó casi 13 millones de euros. Sin embargo, la celebración de estos trámites de audiencia no implica necesariamente que la Diputación devuelva las ayudas a las empresas demandantes.

La Diputación recuperó los controvertidos incentivos mediante la reliquidación provisional de ejercicios fiscales correspondientes a los años noventa y a la primera mitad de la pasada década. Es decir, anuló las liquidaciones originarias y ejecutó unas nuevas sustitutivas de las primeras para cobrarse de forma unilateral las ayudas que concedió. Lo hizo, por tanto, incorrectamente, sin ajustarse al reglamento vigente en estos casos. Además, al beneficiarse de estos reclamos fiscales, que fueron aprobados por las Juntas Generales para los ejercicios 1994-1999 y declarados ilegales por la Comisión Europea el 11 de julio de 2001, las empresas no pudieron optar a otras ayudas alternativas, como se desprende de algunas sentencias.

De ahí la importancia de la celebración de un trámite de audiencia para poder estudiar cada caso. “No puede argumentarse frente a lo hasta aquí razonado que la omisión del trámite de audiencia no ha causado indefensión a la empresa afectada porque, en cualquier caso, la ayuda debía ser devuelta. Se ha de recordar que el modus operandi desenvuelto por la Diputación Foral de Álava se ha reducido a la aprobación de liquidaciones tributarias en periodo voluntario de recaudación, por lo que eventualmente resultaba procedente la aplicación de otros beneficios incompatibles con los inicialmente aplicados y después declarados ilegales, siendo pertinentes las alegaciones que sobre el particular la compañía recurrente habría podido hacer valer en el preterido (omitido) trámite de audiencia”.

Las compañías presentaron en primera instancia reclamaciones ante la Dirección General de Hacienda de la Diputación. Al no recibir la respuesta deseada, iniciaron una larga carrera judicial que pasó por el Organismo Jurídico Administrativo de Álava y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco antes de llegar al Tribunal Supremo en forma de recursos de casación. Sin embargo, el Alto tribunal sólo admitió los recursos sobre las cuantías de 600.000 euros o más, como establece la ley, por lo que no se pronunció sobre las reliquidaciones de algunos ejercicios por ser inferiores a ese importe (sentencia de Celsa Atlantic). Los trámites de audiencia no se celebraron, según la Diputación, porque el reglamento comunitario exigía la devolución de las ayudas “de forma inmediata y efectiva”.

Asimismo, adujo que “en nuestro ordenamiento interno no existe un procedimiento específico para ejecutar las decisiones de las Instituciones de la Unión Europea”. Y afirmó “que no cabe hablar de nulidad de pleno derecho por haberse prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por la sencilla razón de que no había uno previsto”. A este respecto, el Tribunal Supremo argumentó que “ese principio, el de audiencia, es un principio general de nuestro ordenamiento, de alcance constitucional, que debe encontrar aplicación en todos los casos en los que la decisión que vaya a adoptar un órgano administrativo afecta a los derechos e intereses de ciudadanos identificados y suficientemente individualizados.”

Asimismo, el Alto Tribunal añadió que “cuando las Administraciones nacionales ejecutan decisiones de la Unión Europea quedan sometidas también a su ordenamiento jurídico y, en particular, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE, Serie C, nº 326, de 26 de octubre de 2012, p. 391), cuyo artículo 51 dispone que sus disposiciones se dirigen también a los Estados miembros al tiempo de aplicar el derecho de la Unión. Pues bien, dicha Carta proclama en el artículo 41.2, dentro de las garantías inherentes a la ciudadanía, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte favorablemente. Es decir, la audiencia como trámite necesario no sólo la impone nuestro ordenamiento doméstico sino también el propio de la Unión Europea, y lo hace al más alto nivel, en la Carta, que, según el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea (versión consolidada en el DOUE, Serie C, nº 326, de 26 de octubre de 2012, p.13), tiene el mismo valor jurídico que los tratados”.

La reacción de la Comisión Europea ante las vacaciones fiscales se hizo esperar, pero fue contundente. El 11 de julio de 2001, declaró ilegales por ser “incompatibles con el mercado común” las ayudas aprobadas por las Juntas Generales para los ejercicios 1994-1999 y ordenó su devolución. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón en 2006 a este órgano ejecutivo y legislativo de la UE y, en 2014, impuso a España una sanción de 30 millones de euros, ya abonada, por la demora (casi una década) en la recuperación de las ayudas. Dictaminó que “las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, razón por la cual habría debido privarse a éstos sin demora de la ventaja de la que habían disfrutado ilegalmente frente a sus competidores”.

También estimó que el monto a recuperar ascendía a 322,3 millones de euros, de los que 212,4 millones (65,89 %) correspondían a Álava, el territorio que más tiempo tardó en recuperar todos los beneficios fiscales. El 23 de julio de 2014 se acordó en el Consejo Vasco de Finanzas que el Gobierno vasco se haría cargo del 70% (21 millones) de la multa, es decir, el mismo porcentaje que se llevó de todo lo recaudado por las haciendas forales. Las tres diputaciones afrontarían la cuantía restante en función de la Ley de Aportaciones. Así, a Álava le tocaría abonar el 16,6% (1,4 millones) de ese 30% que no asumiría el Ejecutivo autonómico.

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