Denuncian por prevaricación al consejero de Vivienda por la venta de Vitalquiler

| 29 mayo, 2020

Los denunciantes alertan de que el Gobierno Vasco renunció al derecho de tanteo

La Iniciativa por el Derecho a Techo ha presentado una denuncia por prevaricación contra el consejero de Vivienda Iñaki Arriola. Una denuncia por la venta de 500 viviendas de Vitalquiler al fondo de inversión Catella. Son promociones finalizadas en 2008, construidas con ayudas públicas bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido.

La Caja Vital (posteriormente Kutxabank) y el grupo empresarial Adania crearon en 2001 Vitalquiler para promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Vitoria. Sin embargo, “Kutxabank ha decidido deshacerse de estas viviendas, el 57% del total del parque que poseía, y venderlas a un fondo sueco dejando en manos privadas la gestión de su alquiler social”.

El Gobierno Vasco ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto previsto en el Art. 65 de la Ley de Vivienda Vasca, “perdiendo una gran oportunidad de aumentar el parque público de vivienda en propiedad”, denuncia la plataforma.

Esta operación no dejaría de ser una mera transacción inmobiliaria si detrás de esas paredes no vivieran personas, personas que, dado el carácter social de los alquileres, en muchos casos pertenecen a sectores vulnerables. No están en la mejor situación para afrontar los posibles cambios en las condiciones que puede acarrear este negocio que está jugando con las necesidades básicas de la población”, alerta la plataforma.

Catella se ha comprometido a mantener las mismas condiciones hasta 2033, pero los denunciantes no se fían: “Vista la forma de actuar de algunos fondos de inversión no sería de extrañar que las condiciones cambiaran”.

La denuncia en el Juzgado de Guardia ha sido presentada por Guillermo Perea y Juantxu Oscoz de la Asociación Elkartzen, en representación de la iniciativa por el derecho a vivienda y contra la exclusión social “Inor ez kalegorrian – Derecho a techo”.

“La política de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno Vasco va en contra de las necesidades de la población, y antepone el negocio privado al derecho a la vivienda, dejando a parte de población en situación de vulnerabilidad en manos de fondos que buscan rentabilidad económica y no el bienestar de estas personas”.


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