El debate que se esconde tras el céntimo sanitario

Parece que el Gobierno Vasco no termina de definir, puede ser porque no lo tenga nada claro, la manera en la que va a aumentar los ingresos en un momento de crisis económica en la que los ejecutivos de las diferentes comunidades autónomas buscan soluciones que desahoguen sus arcas. Así, a modo de ejemplo en Madrid, su presidenta Esperanza Aguirre ha propuesto ajustar el pago de fármacos a la renta del paciente, en Baleares está considerando si cobrar para renovar la tarjeta sanitaria y en Castilla y León, se ha aprobado el llamado ‘céntimo sanitario’, todas ellas versiones del polémico copago. Sin embargo la necesidad de buscar nuevos ingresos  nos debería llevar  a una reflexión más profunda en torno a la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud.

De vuelta a la Comunidad Autónoma Vasca, el Ejecutivo no termina de definir su discurso económico. Después de que hace tan solo veinte días el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, sugiriese la necesidad de implantar el ‘céntimo sanitario’, ahora el lehendakari Patxi López le desdice y afirma lo contrario ya que dice que “no está en la línea” de promover su implantación porque no es “su modelo”.

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Bengoa se mostró, a principios de este mes, favorable a estudiar la posibilidad de implantar este gravamen en Euskadi y calculó que podrían recaudarse cien millones de euros adicionales al año. No obstante, según explicó la creación de este tributo dependería de las Diputaciones Forales de cada territorio al ser las competentes en la materia.

En todo caso y tras descartar su implantación en Euskadi, López insistió en que es necesario incrementar los ingresos de las administraciones con el fin de poder mantener los servicios públicos y las políticas sociales al tiempo que recordó que esta figura ya está implantada en diez comunidades.

En definitiva, se trata de un Impuesto Especial sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (VMHD) más conocido como ‘céntimo sanitario’, que surgió con el Gobierno del PP de Aznar en el 2002 y se conforma de dos tramos, uno de ámbito estatal de 0,24 céntimos el litro que es igual para todo el país y un tramo autonómico que las respectivas Comunidades Autónomas pueden o no aplicar de 0,48 céntimos el litro. De momento, no se encuentra operativo en País Vasco, Baleares, Aragón, Canarias, Cantabria y Rioja. En definitiva, supone repercutir sobre un único sector las necesidades financieras de la sanidad.

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Por tanto, los más desfavorecidos y los que han salido a la calle en protesta por la sugerencia siquiera de su implantación han sido los transportistas, ya que gravaría la compra de combustible asfixiando aún más sus economías, ya de por sí ahogadas ante una contínua subida de los precios del gasóleo. La implantación de este gravamen supondría que el gasto de cada camión se incrementaría anualmente de 2.500 a 5.000 euros, siempre dependiendo del consumo.

En este sentido, los transportistas argumentan que no pueden repercutir este gasto, dada la situación del sector y añaden que “la sanidad pública ya la financiamos, lo que no vamos a hacer es repagarla”.

En todo caso Bruselas está de su parte. En 2008 la Comisión Europea notificaba oficialmente al gobierno español que el ‘céntimo sanitario’ era contrario a las normativas comunitarias referidas a los productos que son objetivo de impuestos especiales. La CE considera que no es conforme a derecho porque no tiene finalidad específica, tal y como exige la legislación comunitaria, sino que se usaba para generar ingresos fiscales a las autonomías.

Copago

El céntimo sanitario no es más que una versión del copago que en definitiva supondría dividir el coste que supone la sanidad entre los impuestos y la tasa que se abona con su utilización.

En este sentido, recordar que dentro de la propia población hay consenso en algunos servicios y nadie cuestiona por ejemplo que así se haga en el transporte público (con financiación mixta entre impuestos y el pago del billete). Aunque bien es cierto que en estos casos suelen introducirse mecanismos para que ciertas personas, en principio más desfavorecidas que otras, paguen menos o no paguen por el uso, aunque sí pagan la parte que se financia con sus impuestos.

Cierto es también, que al tratarse hasta ahora de un sistema de seguro sanitario, hay quien hace un consumo innecesario de los servicios por lo que parece lógico defenderlo con la participación del usuario a través del coste. En este sentido, hay que puntualizar que España se encuentra a la cabeza de los ratios de frecuentación (número de visitas por habitante) y uno de cada tres se hace por razones administrativas. Sin embargo, el hecho de imponer el copago y cobrar por su uso tiene el riesgo de que no sólo se reduzca el uso del consumo innecesario, sino también del necesario, por lo que podría perjudicar a los más débiles.

Así, en el caso de optar por este sistema el requisito sería hacerlo sin perjudicar la protección de la salud de los grupos sociales más vulnerables con la equidad en la distribución de los costes como criterio fundamental. Así, debería correjirse el esquema actual, por ejemplo, en el caso farmacéutico en el que puede que ocurra que un joven con unos ingresos bajos (un becario, por ejemplo) financie la adquisición de medicamentos de un pensionista, aunque con ingresos máximos.

Un debate más profundo

El copago o el céntimo sanitario son, en definitiva, una manera de ayudar a racionalizar el gasto en sanidad, debería servir para descubrir otro debate mucho más profundo, la reforma estructural del sistema.

Teniendo en cuenta la caída de ingresos por una parte y la negativa a recortar en prestaciones sanitarias, sólo queda como opción la transformación profunda del sector con cambios en la manera como se organiza y se coordina la provisión del sistema sanitario.

Nuestro sistema, diseñado hace unas décadas y que ha alcanzado niveles de excelencia de reputación mundial, se queda ahora obsoleto. Los comportamientos y necesidades de la población han cambiado al pasar de acudir a la sanidad por enfermedades agudas en la mayoría de los casos, a una gasto en pacientes con al menos una condición crónica.

Así pues, es necesario reclamar un sistema que utilice de la mejor manera posible los recursos disponibles sin centrarse tanto en un simple debate en torno a la contención de costes.

Para diseñar un nuevo sistema es necesario entender qué funciona y por qué, cuyo estudio habría que dejar en manos de profesionales ya que ellos son los expertos, aunque todos estamos implicados desde el paciente que hace uso de los servicios a los políticos que pueden facilitar el proceso y pasando por todos los proveedores del sector sanitario.