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Las enfermeras alavesas se unen a la querella contra el presidente del Gobierno por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores
Denuncian que "no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios"
El Colegio Oficial de Enfermería de Álava se ha unido a la querella interpuesta por el Consejo General de Enfermería contra el Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad y varios cargos de su Ministerio, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores. La querella también plantea otros presuntos delitos, como la imprudencia grave, con resultado de lesiones o muerte.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Álava, Hosanna Parra Vinós ha asegurado que “el origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios y sanitarios de Álava”.
- La querella, como resultado de un análisis jurídico
La querella, que se presentaba por parte del Consejo General ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación. En ella explican cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir recientemente la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores, conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
"La escasez de materiales de protección y la sobrecarga asistencial están presentes en esta crisis sanitaria y, el gobierno está obligado a garantizar el suministro de material y equipo en términos de cantidad y calidad, y de no hacerlo está poniendo en riesgo la seguridad de casi 3.000 enfermeras y enfermeros alaveses", ha asegurado Hosanna Parra.
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