El culebrón de las "vacaciones fiscales" vascas

Seguimos a vueltas con el culebrón que comenzó hace más de una década en torno a las denominadas “vacaciones fiscales” vascas. Lejos de llegar a su fin, se siguen escribiendo capítulos en los que no faltan desacuerdos y posturas enfrentadas. La ratificación por parte del Tribunal de Luxemburgo de la “ilegalidad” de los incentivos fiscales otorgados por el Gobierno Vasco en la década de los 90 ha obligado a las diputaciones a cambiar de postura y a aceptar que van a tener que cumplir con las exigencias de Bruselas, que reclama unos 700 millones de euros. Sin embargo, vuelven a abrirse nuevos frentes en torno a cómo devolver esas ayudas. Por una parte, la patronal vasca, Confebask, muestra su preocupación en torno al daño que esta devolución pueda hacer a las cuentas de las empresas en un contexto de crisis, una cuestión que el lehendakari, Patxi López, intentó encauzar con una reunión celebrada con el Comisario de Competencia, Joaquín Almunia. Por otra, el Ejecutivo foral y Gobierno Vasco mantienen posturas dispares a cómo gestionar las ayudas ya recuperadas, hasta ahora en reserva ante la posibilidad en caso de un fallo favorable a los intereses vascos. En este sentido, Lakua quiere disponer de esos fondos ya ante sus urgencias presupuestarias.

La disputa sobre la legalidad de las ayudas que el Gobierno Vasco concedió a las empresas de nueva creación en la década de los noventa estuvo en los tribunales más de una década hasta que el pasado mes de julio una última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirmó su ilegalidad.

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Un año más tarde, en el 2008, así como en 2009 los Ejecutivos forales acreditaron haber exigido la devolución de las ayudas. Sin embargo, las Diputaciones junto con las empresas calculan que la cantidad a devolver corresponde a la parte que excediera del porcentaje de las ayudas que legalmente sí tenía reconocido el País Vasco por parte de la Comisión Europea, un cálculo que Bruselas no acepta.

La puerta a un posible final feliz se abrió con el nombramiento de Joaquín Almunia como Comisario de la Competencia. Almunia, además de español, es vasco y conoce perfectamente las peculiaridades del sistema fiscal vasco. Sin embargo, no ha tenido el resultado esperado por las Diputaciones ya que el Comisario ha continuado con los expedientes e incluso ha ordenado que se tramite una multa contra las Administraciones vascas por su reiterada negativa a cumplir con las exigencias comunitarias.

En este sentido, el tribunal europeo cuantifica en 576 millones la repercusión de estos incentivos: vacaciones fiscales del año 1993 y 1994 para empresas de nueva creación; Crédito Fiscal del 45% para las grandes inversiones de 1996 y Minivacaciones fiscales de 1996 para empresas nuevas. El incumplimiento por parte de las diputaciones ha acarreado dos multas, la primera de 45 millones y la segunda será de 236.000 euros diarios a partir de que la Corte de Luxemburgo confirme las sanciones.

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Una vez aceptada la necesidad de devolver las ayudas, así como, el pago de las multas, vuelven a abrirse nuevos frentes en torno a la forma de hacerlo tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito administrativo.

Reunión entre Almunia y López

Precisamente para intentar solventar el efecto que podía tener en las empresas la devolución de las ayudas, el lehendakari, que ha mantenido siempre que pagar van a tener que pagar, se reunió con Almunia precisamente la semana pasada. En este sentido, López afirmó tener garantías de que van a tratar caso por caso para que ninguna empresa se vea abocada al cierre por esta causa. En este sentido, anunció que el comisario va a estudiar qué tipo de líneas de crédito, avales o financiación a través de capital riesgo del sector público, sería de aplicación en estos casos.

No obstante, el lehendakari matizó que las líneas que se pondrán en marcha irán “de la mano con la UE, no podemos permitirnos el lujo de que pase otra vez lo mismo”

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Sin embargo, el encuentro no ha estado exento de polémica. Desde diferentes frentes se critica que López no cerró antes de su viaje una postura común con las diputaciones ni se reunió con los empresarios para trazar una estrategia. Así pues tanto los gobiernos forales como Confebask no saben a qué atenerse.

Asimismo, en el encuentro el lehendakari no entró en el fondo de las cuestión: las diputaciones defienden que ya han recuperado las ayudas (según los cálculos citados más arriba) y la CE afirma que todavía queda dinero por devolver. En medio de la disputa, Almunia ha echado más leña al fuego y ha pedido una multa multimillonaria mientras desde el Ejecutivo vasco no se mueve ficha para desactivarla.

Diferencias entre las diputaciones

Por otra parte, y además de las disputas entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, también ha habido encontronazos entre los propios ejecutivos forales. Durante estas última década, los gobiernos provinciales han mantenido una postura única frente a Bruselas en la que han insistido que las ayudas eran legales, en un primer momento puesto que se dieron con el visto bueno de la Comisión Europea, y que había sido devueltas después, según el criterio de cálculo utilizado por las haciendas forales.

Sin embargo, y ante la insistencia del Tribunal de Luxemburgo que terminó imponiendo una multa por cada día de retraso, el ejecutivo de Bizakaia cambió de opinión y comenzó a solicitar las ayudas según el criterio de Bruselas. Mientras, Gipuzkoa y Araba siguen sin dar pasos para reclamar las ayudas que quedan según la Comisión Europea.

Por otra parte, también se ha discutido en torno al cálculo de lo que debía aportar cada diputación al Gobierno Vasco. Para ello, se barajaron dos criterios. En primer lugar, seguir la Ley de Aportaciones. Es decir, se suman los ingresos de las tres haciendas, se establencen unos coeficiones particulares y a partir de aquí el 70% del montante se transfiere a Lakua. Con esta fórmula, Araba tendría que ingresar uno 34,5 millones (puesto que tiene el 16,78% del peso).

Sin embargo, también se baraja la posibilidad de la fórmula fruto de la negociación política. Siguiendo este criterio, cada diputación aporta a Lakua el 70% de la cantidad que recuperó. Según esto, Araba tendría que ingresar en las arcas del ejecutivo comunitario 56  millones de euros, puesto que ha recaudado 80 millones a cuenta de las vacaciones fiscales. La diputación de Araba da por echo que será esta segunda fórmula la que se impondrá, puesto que beneficia a Bizkaia y Gipuzkoa.

No tiene dinero

En todo caso, el ejecutivo alavés ya ha adelantado, a través de su diputado general, Javier Andres, que no tiene esa cantidad porque el anterior Ejecutivo (PNV) ya habría empleado los 80 millones para cuadrar los presupuestos de 2007 a 2009. Ante esta situación, Andrés ha pedido al Gobierno Vasco pagar a plazos la parte que le corresponde.