Los ocupas de Olarizu recurrirán su desalojo

Los ocupas recurrirán la decisión del Ayuntamiento de desalojar las viviendas de la Avenida de Olarizu. Aseguran que el procedimiento no se ajusta a la legalidad. Además, piden un realojo en viviendas adecuadas a sus necesidades, y han solicitado la intervención de la Síndica para paralizar el desalojo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

"Resulta totalmente incoherente que se nos marque un plazo de 8 días para abandonar nuestras viviendas estando en el plazo de recurso de un mes marcado legalmente", han afirmado los vecinos en una rueda de prensa. "La única alternativa habitacional ofrecida a las 40 familias que vivimos en Olarizu es el albergue municipal en el mejor de los casos", denuncian.

El Ayuntamiento ha desestimado todas las alegaciones contra el procedimiento de recuperación de oficio que obligaría a los ocupas a dejar las viviendas. En octubre ya se comenzó con el derribo de algunas viviendas.

"Hemos trabajado duro para hacer de las viviendas abandonadas algo digno para vivir"

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En la comparecencia los vecinos se han dirigido directamente al alcalde: "Haremos todo cuanto podamos por tener una vivienda digna. No cesaremos ante sus estratégicos ataques, señor Urtaran. Porque no hay derecho a no tener un techo. Porque tener una vivienda digna es un derecho, no un lujo".

También han asegurado que durante todo este tiempo han "trabajado duro para hacer de las viviendas abandonadas algo digno para vivir". Las familias llevan entre 1 y 7 años en los edificios ocupados en la Avenida de Olarizu.

"Coacción institucional"

En su opinión, son víctimas de "coacción institucional", ya que han sido "despojados vilmente de los servicios municipales de agua y del acceso a la luz". También dicen que se han sentido abandonados en pleno confinamiento y sin ningún tipo de ayuda por parte del departamento de Políticas Sociales. "La Policía Municipal y la Ertzaintza nos ha sancionado cuando salíamos a por agua. A esta acción el Ayuntamiento le llama medida de seguridad", denuncian.

Los ocupas recuerdan que el dinero destinado al derribo estaba presupuestado para la rehabilitación de viviendas de alquiler social

Para los ocupas, estas medidas suponen una violación de las "leyes constitucionales y los derechos humanos", con la intención de "lanzarnos a la calle sin una solución habitacional". También recuerdan también que el dinero destinado al derribo estaba presupuestado para la rehabilitación de viviendas de alquiler social.

La rueda de prensa ha finalizado con otro mensaje dirigido al alcalde Gorka Urtaran: "Quieren derribar nuestros sueños, nuestras cosas y esperanzas de tener un hogar seguro con el afán de cumplir su sueño de constructor marbellí". Sobre estas casas está proyectada la construcción de 356 viviendas.